En la rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, el ministro portavoz José Blanco aseguró que se buscó un consenso con otras formaciones políticas, pero fue imposible, por ello una gran parte de grupos parlamentarios no la respaldaron.
El Congreso de los Diputados aprobó la enmienda a la Carta Magna con votos del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del opositor Partido Popular (PP) y Unión del Pueblo Navarro, mientras el resto de fracciones la criticaron en su fondo y forma.
En contra se manifestaron dos diputados del PSOE, los dos de Coalición Canaria (CC) y una diputada de Unión Progreso y Democracia (UPyD), mientras Convergencia i Unió (CiU) y Partido Nacionalista Vasco (PNV) no votaron.
Tampoco lo hizo el legislador de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, mientras que los de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), los del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y la de Nafarroa Bai (NB) se salieron del salón de plenos.
Ante todo este panorama, Blanco negó que la sesión haya sido escandalosa o “un mercado persa”, y sostuvo que se trató de un ejercicio del trabajo parlamentario.
“Se hizo el esfuerzo por ampliar el consenso inicial de PP y PSOE, pero no ha sido posible. Hemos hecho un esfuerzo de aproximación”, recalcó.
“Nos hubiera gustado más amplio apoyo, un debate más sereno no pensando en temas electorales. El endeudamiento no es de derechas ni de izquierdas, es irresponsable, y si tenemos que pagar más por nuestra deuda podremos menos dedicar a sanidad y educación”, dijo.
Señaló que “es positivo para España”, ya que “la inclusión del principio de estabilidad presupuestaria supone una doble garantía para los ciudadanos y para los inversionistas, porque asegura salud en cuentas públicas y asegura el Estado de bienestar”.
“España se sitúa entre los primeros países de la Unión Europea que apuestan por la gobernanza económica europea”, dijo al asegurar que no es un principio nuevo el que se inscribe en la Constitución, sino que ya existía como ley, pero ahora se eleva su rango de importancia.
En la reforma propuesta, además de incluir en el artículo 135 constitucional los principios estabilidad presupuestaria para todas las administraciones públicas, PSOE y PP como proponentes de la iniciativa fijaron los límites en la Ley Orgánica de este artículo.
Con ello, la Ley Orgánica precisa en un 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) el déficit estructural global máximo del conjunto de las Administraciones Públicas a partir de 2020.
El déficit estructural en que podrá incurrir el Estado no superará el 0.26 por ciento del PIB nacional, y el déficit en que podrá incurrir cada Comunidad Autónoma no podrá superar el 0.14 por ciento de su PIB.
Las entidades locales (ayuntamientos) deberán presentar equilibrio presupuestario.
La Ley Orgánica establecerá los criterios para la reducción progresiva del nivel de deuda, de acuerdo con el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la UE, con el objetivo de alcanzar en 2020 el límite contemplado en el artículo 135.
La iniciativa, una vez aprobada este viernes por el Congreso de los Diputados, pasará el lunes al Senado para su discusión y votación que podría darse el próximo miércoles.