"Aunque el perfil internacional de Brasil sigue en ascenso, su gobierno dejó de mostrar liderazgo en materia de libertad de prensa de manera sistemática. La violencia contra la prensa se intensificó y cuatro periodistas resultaron asesinados por el ejercicio de la profesión", afirmó el CPJ en su informe anual "Ataques a la prensa".
Presentado en la sede de la ONU en Nueva York, el informe global de la organización de defensa de la libertad de prensa denuncia que el año pasado hubo un aumento "sin precedentes" en el número de periodistas asesinados y encarcelados en todo el mundo, que fueron 70 y 232, respectivamente.
Cuatro de los periodistas que cayeron víctimas de asesinatos el año pasado eran brasileños, lo que equipara la cifra de muertos a la del año anterior y convierte al país suramericano en el cuarto más letal del mundo para la prensa durante este período, según revela la investigación del CPJ.
Seis de siete periodistas asesinados en los dos últimos años habían informado sobre corrupción oficial o crimen y todos, excepto uno de ellos, trabajaban fuera de los grandes centros urbanos en un país donde el sistema judicial no logró resolver los crímenes y enjuiciar a los responsables.
La organización indicó que el 67 por ciento de las víctimas investigaban la corrupción gubernamental y el 43 por ciento habían recibieron amenazas antes de ser asesinadas, y lamentó en concreto que más de la mitad de los sospechosos (52 por ciento) de haber cometido esos crímenes sean funcionarios gubernamentales.
El CPJ aseguró que la posición de Brasil en su Índice de Impunidad correspondiente al año pasado, en el que se incluyen los países donde los asesinatos de periodistas se suceden con más regularidad y las autoridades no resuelven los crímenes, también empeoró el año pasado.
"Los obstáculos en Brasil son en particular alarmantes dada su condición de líder regional y sede de una vasta y diversa red de medios de comunicación", advirtió la organización, que lamentó que el país pusiera objeciones a una propuesta integral de la Unesco para ayudar a combatir la impunidad y proteger a los periodistas.
Después de las críticas recibidas el gobierno expresó a través de su embajadora en la ONU su apoyo a la libertad de prensa y algunos elementos del plan, pero el compromiso de Brasil con la libertad de expresión quedó en duda en otro importante asunto internacional.
Brasil apoyó el año pasado una iniciativa liderada por Ecuador para debilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el organismo fiscalizador de los derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Por último, destacó que la presidenta Dilma Rousseff apoyó dos iniciativas que promueven el derecho de la sociedad a saber: una ley de acceso a información oficial y una comisión para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante los regímenes militares que gobernaron el país entre 1964 a 1985.
