La decisión marca la primera vez que la Comisión hace uso de sus nuevas facultades para investigar la supuesta manipulación de los datos de deuda y de déficit de un Estado miembro, señaló hoy el organismo en un comunicado desde Bruselas.
La multa no es definitiva, pues tiene que ser aprobada por el consejo de ministros de Finanzas de todo el bloque y puede ser recurrida.
"Una buena política fiscal es una de las condiciones previas esenciales para el crecimiento económico y la estabilidad. Nos lo ha enseñado la amarga experiencia de los últimos años", señaló Marianne Thyssen, comisaria de Empleo.
Según la funcionaria, la decisión envía un mensaje claro acerca de que la Comisión no dudará en usar sus atribuciones para garantizar que las estadísticas del bloque sean fiables a todos los niveles, en vista que es en base a estos datos que se toman las decisiones de política económica.
El informe adoptado hoy por la Comisión concluye que la Generalitat Valenciana incurrió en negligencia grave por la ausencia de registro de gastos sanitarios y el incumplimiento del principio del devengo en las cuentas nacionales, lo que dio lugar a una notificación incorrecta de los datos de déficit público de España a Eurostat, la oficina de estadísticas del bloque, en marzo de 2012.
La Comisión apunta específicamente a la información de Valencia, pero no pone en duda la exactitud de las estadísticas nacionales de España.
Las autoridades tuvieron en cuenta para determinar el importe de la multa una serie de factores atenuantes, como el hecho de que la tergiversación no fue intencional, sino que se debió a una negligencia grave de una entidad que actuó por su cuenta.
En mayo de 2012, las autoridades estadísticas nacionales de España informaron a Eurostat que debía aumentar el déficit calculado respecto del PIB de 2011. La decisión se debió al descubrimiento de gastos no registrados en la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.
Eurostat realizó inmediatamente visitas técnicas a España y determinó que los datos de Madrid se habían debido a un "ajuste extraordinario", pero que al parecer la Intervención General de la Generalitat Valenciana (IGGV) había enviado sistemáticamente información incorrecta a las autoridades estadísticas nacionales durante muchos años, por ejemplo no notificar gastos sanitarios considerables. Además, al parecer no se tuvieron en cuenta informes que advertían de estos problemas. (DPA)