En una iniciativa partida de Canadá y que sumó apoyos tan dispares como Turquía e Israel -pero muy pocos países islámicos, pese a ser los uigures una minoría musulmana, y casi ningún latinoamericano-, los firmantes dicen estar "preocupados porque China, hasta ahora, se niega a discutir las conclusiones (del informe de la Alta Comisionada)".
"Instamos al Gobierno de China a respetar sus obligaciones en derechos humanos y a aplicar las recomendaciones de la Alta Comisionada, lo que incluye pasos rápidos para liberar a los individuos privados arbitrariamente de su libertad en Xinjiang", señalan.
Igualmente, en esta iniciativa que ha sido pedida insistentemente por organizaciones de derechos humanos, los cincuenta países "instan a clarificar urgentemente el destino y paradero de los desaparecidos, así como facilitar (los derechos) de reunión y de contacto seguro".
Para los firmantes, el informe de la Alta Comisionada (Michel Bachelet, en su último acto antes de dejar el cargo) se hizo "de manera objetiva" y "corrobora las preocupaciones" sobre "la escala de las detenciones arbitrarias y discriminatorias de uigures y otras minorías musulmanas en China, que según aquel informe pueden constituir crímenes contra la humanidad.
Recogen así algunos de los argumentos escritos en aquel informe: vigilancia invasiva por criterios de religión y etnia, restricciones graves a las prácticas culturales y religiosas, destrucción de mezquitas, mausoleos y cementerios, tortura y malos tratos, violencia sexual y de género, incluyendo aborto y esterilización, desapariciones y trabajos forzosos: "Tales violaciones graves de derechos no pueden ser justificadas en nombre del contraterrorismo".
Hasta el momento, China no ha reaccionado a este comunicado que tuvo un número inusual de apoyos.