En un debate en la víspera del voto final de las recomendaciones del Parlamento Europeo sobre el uso de Pegasus en la Unión Europea, el comisario señaló la existencia de casos de utilización de estos programas en los que la legislación comunitaria no se aplica porque un Estado miembro invoca motivos de seguridad nacional para acceder directamente a la información.
"Corresponde a los Estados miembros definir sus intereses de seguridad nacional y adoptar las medidas adecuadas para asegurar su seguridad interna y externa. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro que los Estados miembros deben poder demostrar que la seguridad nacional estaría comprometida en cada caso concreto", abundó Reynders.
Estas amenazas a la seguridad, añadió el comisario, serían aquellas "capaces de desestabilizar gravemente las estructuras fundamentales constitucionales, políticas, económicas o sociales de un país" y no es suficiente con que los gobiernos hablen de la seguridad nacional de manera general para quedar eximidos de cumplir la legislación europea.
"En algunos casos publicados en prensa, el problema real parece ser si el uso de 'software' de espionaje está genuinamente justificado por la seguridad nacional en cada caso individual. Cuando una restricción tal de derecho a la privacidad y la protección de datos personales no puede justificarse, la ley europea debe aplicarse", advirtió el comisario.