La Fiscalía General de Colombia estableció que la sucursal de la firma Odebrecht contrató el 5 de agosto de 2013 al excongresista mediante la modalidad de “honorarios por resultado o cuota de éxito, con el objeto de obtener el contrato de la vía Ocaña-Gamarra, a favor de la Concesionaria Ruta del Sol”.
Al dirigente político, quien está preso, “se le confió el encargo de obtener la inclusión de ciertas condiciones económicas en el contrato, que se formalizó mediante una adición al Contrato del Tramo dos (2) de Ruta del Sol”, precisó el ente investigador.
La adición contractual correspondiente “para llevar a cabo la vía Ocaña-Gamarra, se perfeccionó el 14 de marzo de 2014, mediante contratación directa por ‘adición', esto es, sin licitación previa”.
El documento contractual de 2014 “incorporó las mismas condiciones (número de peajes, aumento del valor de los peajes existentes y anticipo de las vigencias futuras) que habían sido requeridas por Odebrecht al contratista Bula”, según la evidencia que posee la Fiscalía.
Por esta gestión, Odebrecht efectuó pagos desde Brasil por 4.6 millones de dólares que fueron fraccionados, apuntó la Fiscalía que capturó el fin de semana al excongresista Bula para que responda por “los delitos de cohecho, así como enriquecimiento ilícito de particulares”.
El 21 de diciembre de 2016, con ocasión del acuerdo de colaboración suscrito por Odebrecht ante las autoridades de Estados Unidos, el Departamento de Justicia de ese país manifestó –frente a los sobornos efectuados en 12 naciones- que “en el caso de Colombia, los pagos suman 11 millones de dólares entre 2009 y 2014 para asegurarse contratos de obra pública”.
El jueves 12 de enero la Fiscalía capturó al exviceministro colombiano de Transporte, Gabriel García, acusado de los delitos de cohecho, celebración indebida de contrato y enriquecimiento ilícito.
La legalización de la captura se formalizó este fin de semana en Bogotá, en donde el exfuncionario aceptó los cargos y anunció que colaborará con la Fiscalía para obtener beneficios en reducción de la pena, que podría estar entre los seis y 12 años de prisión.
