La batalla se inició después de que la minoritaria oposición lograra obtener en marzo suficiente apoyo de disidentes del bloque oficialista para convocar una comisión parlamentaria de investigación (CPI) sobre sospechas de irregularidades practicadas por la petrolera Petrobras, controlada por el Estado.
Las investigaciones se concentrarían principalmente en la compra de una refinería en Pasadena, Estados Unidos, que había sido adquirida en 2005 por el grupo belga Astra Oil por 42,5 millones de dólares y cuyo control accionario pasó en los años siguientes a Petrobras por un valor de por lo menos 1.180 millones de dólares.
Además, los opositores desean investigar el proyecto de la Refinería Abreu e Lima en construcción en el estado de Pernambuco, que por la propuesta original costaría 2,000 millones de dólares y estaría operativa en 2011, pero que recién será inaugurada este año, a un costo de 18,000 millones de dólares.
La planta empezó a ser construida en base a un acuerdo firmado entre los entonces presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y de Venezuela, Hugo Chávez, en base al cual la petrolera venezolana PDVSA aportaría un 40 por ciento de su costo.
No obstante, el acuerdo jamás se concretó, y Petrobras debió financiar la totalidad del proyecto, además de adaptarlo a las necesidades brasileñas de refinación de crudo.
La CPI también se dedicaría a confirmar las denuncias de prensa según las cuales funcionarios de Petrobras recibieron sobornos de la empresa holandesa SBM Offshore, y a investigar al ex director de la petrolera Paulo Roberto Costa, arrestado hace una semana por la policía federal en el marco de un operativo para desmantelar una red ilegal de lavado de dinero.
Los legisladores oficialistas sostienen que la propuesta de CPI tiene objetivos políticos y electorales y se propone debilitar la candidatura a la reelección de Rousseff, apuntada por las encuestas como la favorita a ganar los comicios de octubre.
Ante la imposibilidad de evitar la instalación de la CPI, los aliados del gobierno lograron aprobar en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) una propuesta por la cual las investigaciones no se limitarían a Petrobras, sino que alcanzarían también escándalos que afectan a políticos opositores.
Asimismo, serían investigadas las denuncias sobre actuación de un cartel de empresas transnacionales en licitaciones de transporte ferroviario realizadas en el estado de Sao Paulo, gobernado por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que buscará la Presidencia en octubre a través del senador Aecio Neves.
La CPI se dedicaría también a investigar supuestas irregularidades en un puerto del estado de Pernambuco que fue gobernado hasta hace pocos días por Eduardo Campos, el virtual candidato del Partido Socialista Brasileño (PSB) a la Presidencia.
Los partidos opositores recurrieron al Supremo Tribunal Federal (STF) para impedir las investigaciones amplias, argumentando que se trata de una maniobra del oficialismo para desviar las atenciones de las supuestas irregularidades en Petrobras.
El bloque oficialista también elevó hoy un recurso a la Corte Suprema para que el máximo tribunal brasileño confirme el derecho del Congreso a investigar todas los casos en los que existe sospecha de corrupción.
La decisión final está en manos de la magistrada Rosa Weber, quien todavía no anunció cuándo presentará su fallo. (DPA)
