La legislación, bautizada "Ley de La Habana", establece que el Gobierno de EE.UU. tiene la obligación de ayudar a quienes han sufrido esos "ataques" cuyo origen se desconoce y que provocan síntomas similares a los de lesiones cerebrales, mareos, dolores de cabeza y falta de capacidad de concentración.
En un comunicado, Biden felicitó a demócratas y republicanos por haber aprobado la ley en el Congreso de manera unánime y consideró que esa unidad envía "el mensaje claro" de que EE.UU. cuida de los "suyos".
En concreto, la legislación autoriza al Departamento de Estado y a la CIA a dar más apoyo económico a aquellos que han sufrido los "ataques" y han experimentado problemas de salud.
Además, el Departamento de Estado y la CIA deberán mantener informado al Congreso de esos incidentes y detallar qué empleados están recibiendo asistencia económica.
Las víctimas de los misteriosos "ataques" llevan años pidiendo más ayuda al Gobierno estadounidense, primero del de Donald Trump (2017-2021) y luego del propio Biden.
Más de 200 diplomáticos estadounidenses destinados a diferentes países han padecido síntomas del llamado "síndrome de la Habana".
El origen y el responsable de estos misteriosos "ataques" aún se desconocen, aunque algunos expertos apuntan a que podría haberse usado energía de radiofrecuencia para perpetrarlos.
Además de en Cuba, donde se detectaron los primeros casos en 2016 y 2017, incidentes similares se han producido en China, Austria, Alemania e incluso en Washington; y en septiembre, el Gobierno estadounidense empezó a investigar otro suceso similar que afectó a un asesor del director de la CIA, Bill Burns, durante un viaje a la India.
Trump acusó en 2017 al Gobierno de Cuba de ser responsable de lo que las autoridades estadounidenses calificaron entonces como "ataques acústicos" o "sónicos", lo que sirvió como pretexto al entonces mandatario para romper con el deshielo diplomático con la isla.
Un informe interno dado a conocer a principios de este año reveló que Trump acusó a La Habana sin pruebas y que la mala gestión y la falta de coordinación dominaron su respuesta a estos supuestos "ataques".
Biden, por el momento, ha evitado señalar públicamente a algún país y su Gobierno sigue investigando el origen de esos incidentes.