"La derecha se fue de paliza", resumió el presidente del Partido por la Democracia, el senador Jaime Quintana, después de que el Congreso aprobara este lunes la reforma educacional, demanda que instigó las miles de protestas ciudadanas estalladas desde 2011.
Desde ahora, las fundaciones y corporaciones que ofrecen educación escolar financiada con fondos públicos no podrán lucrarse con esos recursos ni exigir a los padres pagos mensuales de hasta cien euros (112 dólares) como ocurre actualmente.
Tampoco ningún colegio público podrá seleccionar arbitrariamente a sus alumnos, como también sucede hoy, aunque la ley reservó una cierta discrecionalidad en los llamados liceos de excelencia o artísticos.
Los cambios acordados en las últimas semanas en distintos frentes representan un nuevo equilibrio en lo político y social, que se expresará paulatinamente, en especial desde los comicios legislativos y presidenciales de 2017, cuando opere por primera vez el también nuevo sistema electoral.
Para entonces, Chile tendrá por primera vez en democracia comicios regidos por un sistema proporcional moderado, dejando atrás el modelo binominal impuesto por el general Augusto Pinochet, por el que la derecha tuvo durante décadas una mayor representación.
La pregunta que muchos ponen sobre la mesa es si esos nuevos equilibrios políticos traerán o no más transformaciones a un modelo de desarrollo neoliberal en el que hasta ahora todos los derechos sociales son proporcionados por empresas privadas, en distinto margen.
"Están abusando de una mayoría circunstancial", lamentó el diputado opositor Felipe Kast, cuyo padre fue uno de los fundadores del modelo económico actual. "Se están haciendo un traje a la medida", añadió el senador Hernán Larraín, de la conservadora Unión Demócrata Independiente.
En menos de un año de gobierno, los cambios incluyen una reforma tributaria, que permitió elevar en 8,000 millones de dólares la recadudación fiscal, y las mencionada reformas educacional y electoral, además de la aprobación de las uniones civiles de homosexuales.
Quedan aún por aprobar la legalización del aborto, una reforma laboral que fortalece el poder de negociación de los sindicatos y la promesa mayor de Bachelet, el cambio de la Constitución de 1980, aprobada en un plebiscito durante la dictadura cuando en el país no había registros electorales.
Las modificaciones laborales, resistidas por los gremios patronales y la derecha, prohíben a las empresas reemplazar a los trabajadores en huelga, algo que fue también autorizado en el régimen militar.
Con mayoría en ambas cámaras del Congreso por primera vez desde el retorno a la democracia, la centroizquierda debería aprobar sin mayores problemas los cambios a la ley laboral que rige desde 1979 y que para algunos economistas, como los de la Fundación Sol, está en la base de la mala distribución del ingreso.
En cifras, desde el retorno a la democracia la productividad de las empresas creció más de un 100 por ciento, pero los salarios reales lo hicieron en torno a un 25 por ciento.
Ello llevó a que hoy la mitad de los trabajadores chilenos perciba menos de 500 dólares de salario, pese a que el ingreso per cápita asciende ya a 24,000 dólares, según el Fondo Monetario Internacional.
Fue justamente esa desigualdad la que enarboló Bachelet en su campaña para volver al poder en marzo de 2014, proponiendo "un nuevo pacto social para los próximos 40 años".
El cambio de la Constitución debiera ser este año el cierre de esas reformas y equilibrios, como anticipó la propia mandataria.
Sin embargo, esa es la más dificil de las reforas prometidas, pues en el propio oficialismo hay una enorme disparidad de visiones, en una coalición que incluye desde a demócrata cristianos a comunistas. (DPA)