"No hay misión ni comitiva preparada para un eventual viaje a los Estados Unidos", dijo el funcionario en conferencia de prensa.
El jefe de gabinete sostuvo que la suspensión de las medidas cautelares dictada por el juez de Nueva York Thomas Griesa, quien había ordenado al país pagar a los "fondos buitre", busca "fulminar" la reestructuración de la deuda pública que se realizó en 2005 y 2010, luego del default de 2001.
Capitanich acusó al magistrado de promover "profundamente el desequilibrio y la parcialidad" con su accionar. Evaluó que la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York de levantar la medida cautelar, que mantenía en suspenso el pago de la deuda con los "fondos buitre", generó "un incentivo a ejecutar la medida y no negociar".
El Ministerio de Economía ya había advertido que al levantar la medida se mostró "la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones diferentes a las obtenidas en la sentencia" de primera instancia, que implica abonar 1,500 millones de dólares en efectivo y en un solo pago.
Se trata de un 1 por ciento de los bonistas que no ingresaron en los canjes de la deuda que cayó en default en 2001. El gobierno dice que podría tener que pagar 15,000 millones, si el reclamo se extiende al 7 por ciento que no adoptó el canje de deuda, al que sí accedió el 92 por ciento de los bonistas, que a su vez aceptaron quita y plazos de pago.
El Palacio de Hacienda señaló que, en estas condiciones, no hay posibilidad de pagar en Nueva York el próximo vencimiento de la deuda reestructurada. Esto se debe, argumentó, a que se subordina el pago de los cupones de deuda a los acreedores reestructurados a la simultánea cancelación de la totalidad de lo reclamado por los fondos buitres, cifra que ascendería a 15,000 millones de dólares.
"Lo que el juez introduce es una alteración de todas las condiciones de reestructuración, generando ganancias extraordinarias de 1,608 por ciento a un acreedor que no era tenedor original de deuda y que la compró con fines especulativos", sostuvo el jefe de gabinete.
La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, dijo el lunes que un sector de los "fondos buitres" compró deuda por "48,7 millones de dólares en 2008", por lo que ganaron "1.608 por ciento en dólares", una "tasa de retorno" que "ni siquiera da el crimen organizado", ya que ahora podrían cobrar "832 millones de dólares".
De esta manera, el gobierno instrumentaría un mecanismo para pagar en la Argentina la deuda reestructurada, a los bonistas que aceptaron el canje, para evitar así el embargo de fondos, que es lo que sucedería si paga en el exterior, explican los especialistas.
Capitanich dijo que el juez debe garantizar "equidad de trato entre las partes, y cuando promueve tamaña parcialidad no es equitativo; promueve profundamente el desequilibrio, y eso no es justicia".
El gobierno argentino sostiene que ya demostró su voluntad de pago al respetar los compromisos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, el Club de París y en la expropiación de la petrolera española Repsol, que pasó a manos del Estado.
El titular del bloque de senadores de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, acusó al juez Griesa de "trabajar para los fondos buitre".