El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) alertó en una declaración que nuevas fiscalizaciones podrían terminar en más sanciones, en relación con anteriores episodios de supervisión llevados adelante con las autoridades públicas.
"Ante el anuncio presidencial y la manera como se han adelantado ciertas acciones fiscalizadoras sectoriales durante los últimos días, Consecomercio considera que, antes que multas y cierres, deberían producirse informaciones y alternativas correctivas para que los comercios no se vean más afectados económicamente", indica el comunicado.
Maduro dijo la semana pasada que lanzará una nueva "ofensiva" para equilibrar la economía, en el comienzo de su segundo año de mandato. Según el presidente, la nueva fase arrancará mañana con nuevos anuncios.
El gobernante lanzó una primera ofensiva en noviembre del año pasado, cuando ordenó a los comercios de ventas de equipos electrodomésticos una rebaja de precios.
Sin embargo, la medida no evitó que la inflación en 2013 terminara en el 56 por ciento, una de las más altas del mundo.
A la acción, que fue puesta en marcha por policías y militares, le siguieron supervisiones en ferreterías, mercados de alimentos y ventas de piezas de automóviles.
En esta nueva fase, Maduro cuenta con la Ley de Precios, Costos y Ganancias Justas, que fue aprobada a comienzos de este año mediante los poderes especiales para legislar que le concedió la Asamblea Nacional (Congreso).
Consecomercio señaló que existe preocupación por los efectos que pueda generar la nueva "ofensiva económica" del gobierno.
"Si bien el jefe de Estado precisó que la medida estaría dirigida fundamentalmente a promover acciones concretas a favor de la producción en el país en sus diversas facetas, entre los comerciantes la inquietud surge a partir de las últimas acciones fiscalizadoras sectoriales que se han estado emprendiendo en diferentes partes del país, que han concluido con sanciones de multa o cierres a establecimientos comerciales", indicó.
Agregó que el gremio no se opone a las fiscalizaciones, pero alertó que sólo han producido sanciones y la fijación de "un costo adicional al funcionamiento de los comercios, muchos de ellos pequeños negocios que tratan de sobrevivir en un ambiente económico recesivo".
Señaló que los procedimientos deben realizarse con respeto a las leyes, a las propiedades y las personas, sin acciones punitivas y que cuando se detecten situaciones irregulares causadas por errores o equívocos involuntarios se conviertan en una amonestación referencial con el fin de su corrección.
"Desde luego, al amonestado le corresponderá cumplir con lo acordado y no reincidir, ya que la reincidencia sí debería proceder como causal para la sanción a que haya lugar", señaló.