En un boletín conjunto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo para la Infancia de la ONU (Unicef) indicaron que algunas de las políticas que se pueden adoptar son la detección temprana de las discapacidades y la inclusión de niños y niñas en escuelas y actividades recreativas.
También se pueden implementar medidas para mejorar la accesibilidad arquitectónica y comunicativa para jóvenes con discapacidad y la entrega de apoyo monetario a las familias para la obtención de dispositivos de asistencia, señala el documento.
Estas medidas "promueven los derechos de la infancia en términos amplios y contribuyen al desarrollo económico y social de los países", subrayan los organismos de Naciones Unidas.
Según cifras de la Cepal de 2012, alrededor del 12 por ciento de la población de América Latina y el Caribe sufre al menos una discapacidad.
A finales del año pasado, 28 países de la región habían firmado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y 23 estaban en proceso de ratificarlo.
Esto no se traduce, sin embargo, en políticas y programas sobre la materia, muchas veces debido a la falta de voluntad política, la ausencia del tema en la formulación de políticas sociales y la escasa articulación entre las propuestas y las acciones necesarias, subrayan la Cepal y Unicef.
Según la Convención, se considera personas con discapacidad a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que les impiden su participación plena en la sociedad.
"Hasta hace poco, los niños y niñas con discapacidad eran escondidos, objeto de burlas y, en muchos casos, víctimas de violencia. Esta situación ha mejorado gracias a algunos cambios en la concepción de la discapacidad y a la ratificación de la CDPD", indica el informe.
La Cepal y Unicef destacan que los países también deben prestar atención a las barreras sociales y culturales, como los prejuicios y la discriminación, y a las barreras legales o normativas. (EFE)
