"Existe una agresión sistemática a los defensores de derechos humanos mexicanos a través de las campañas de seguridad pública y la militarización del país", advirtió a Efe Andrea Medina Rosas, de la Iniciativa de Defensoras de México.
La activista es una de las expositoras del Encuentro de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de América Latina, que se desarrollará durante este lunes y martes en Buenos Aires con el fin de intercambiar experiencias y analizar estrategias frente a la represión y las amenazas en la región.
"Es importante que la comunidad internacional entienda la situación de México. En los últimos tres años creció la violencia contra los defensores de los derechos humanos y cada vez más amenazas se cumplen", señaló Medina Rosas, una de las activistas que firmó a favor de una demanda recientemente presentada ante la Corte Penal Internacional contra el presidente mexicano, Felipe Calderón.
"Las personas que promueven esa iniciativa han sido amenazadas, lo que refleja la situación del país. Por eso es relevante que la comunidad internacional exija a México un compromiso para proteger los derechos humanos", sostuvo.
El 25 de noviembre un grupo encabezado por el abogado Netzaí Sandoval presentó ante la CPI una demanda contra Calderón y varios funcionarios por "crímenes de guerra y de lesa humanidad", al considerar que su lucha contra el narcotráfico ha causado más de 50.000 muertes.
También hay "un importante número de desaparecidos y comunidades enteras desplazadas, además de casos de acosos y violencia sexual. Las que están en mayor riesgo son mujeres, familiares de víctimas, que exigen justicia", comentó Medina Rosas.
En una reciente entrevista con Efe, Sandoval subrayó que ese clima de violencia ha dejado en los últimos cinco años "más de 50.000 muertes, 230.000 desplazados, 10.000 desaparecidos y 1.300 jóvenes y niños asesinados".
El Gobierno de México dijo el pasado viernes que no ha perseguido ni perseguirá a quienes ejercen su libertad de expresión y aclaró que "no procederá en contra" de las personas que critican la Estrategia Nacional de Seguridad.
En un comunicado anterior, el Gobierno había rechazado "las imputaciones falsas y calumniosas" del grupo que presentó la demanda ante la CPI y había anunciado su intención de analizar las alternativas para proceder legalmente contra estas personas.
"Los principales actores de esta violencia están vinculados al Estado, por ser agentes de procuración o autoridades locales. También hay casos de miembros del Ejército investigados por violencia sexual, pero ha habido una resistencia del Estado a cumplir con las sentencias", subrayó Medina Rosas.
"Existe una simulación por parte del Estado. No es que México no tenga leyes o instituciones para la defensa de los derechos humanos. Sí los tiene pero todo lo creado está orientado al fracaso", añadió.
En el comunicado divulgado el viernes, el Gobierno mexicano aseguró que ha desarrollado una política de protección de derechos humanos "sin precedentes" y recordó que las autoridades han utilizado el diálogo con la ciudadanía y las fuerzas políticas a través de foros por la seguridad.
En el operativo federal para combatir la ola de violencia ligada al narcotráfico participan más de 50.000 militares.
