En un estudio sobre la crisis política e institucional en Cataluña a partir de la convocatoria de un referéndum de independencia, el organismo consideró que si Rajoy no actúa deberá convocar elecciones y que un gobierno nuevo haga frente a esa coyuntura.
“En Cataluña no cabe ya insistir en los errores ni un minuto más. Errores de diagnóstico y de gobierno, que han impedido establecer una estrategia eficaz y temprana frente al empuje del secesionismo”, expuso en el informe titulado “El precio de la libertad”.
Indicó que esos errores “han llevado a ignorar la necesidad de articular discursos y políticas movilizadoras de los millones de catalanes que no están dispuestos a secundar los saltos hacia el abismo”.
La FAES aseguró que “en muchos catalanes se manifiesta ya en una dramática sensación de abandono institucional”, como cuando se ve el “acoso a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, inconcebiblemente eficaz y duradero, que no ha hecho más que agravar esa sensación”.
Refirió que hay “impunidad” de los que saben que “si consiguen desalojar a las Fuerzas de Seguridad, desalojarían, simbólica y realmente, al propio Estado”.
Sostuvo que “frente a todo eso, hay una nación española que no desiste, que no va a desistir” y que también la hay en Cataluña dispuesta a superar esta crisis a favor de la fortaleza en la defensa de la unidad y permanencia de España.
“Esa nación integradora, construida sobre la libertad, merece ser defendida y convocada con urgencia por sus instituciones para dar continuidad a su mejor trayectoria”, destacó.
Apuntó que si bien lo que haga el gobierno español no sería suficiente, sí es su responsabilidad intransferible, y que por delante podrían darse “decisiones apremiantes que pueden resultar críticas”.
“Urge enfrentar no un simple desafío, sino un ataque frontal a la ley, a la democracia y a los derechos de nuestros conciudadanos. A España, en suma. Un ataque que está en curso y que no ha perdido posiciones desde que se inició”, señaló.
Criticó que los primeros responsables del independentismo “continúan desarrollando sin mayor obstáculo su actividad ordinaria”.
“El gobierno debe emplear todos los instrumentos constitucionales que en virtud de las mayorías parlamentarias actuales no sólo están a su disposición sino que tiene la inexcusable obligación de utilizar. Y de hacerlo inteligente y eficazmente”, abundó.
Recalcó que “no se puede pretender hallar excusa aceptable alguna para continuar en la inacción, ni ampararse en cálculos de oportunidad, eficacia o coste. Todas esas cautelas desaparecen cuando se comprende la magnitud de la amenaza”.
“La ley es el precio de la libertad, la libertad es el premio de la ley”, subrayó tras recalcar que el gobierno debe actuar y buscar los apoyos necesarios para ese objetivo.
“Y si no encontrara el ánimo para hacerlo o hubiera de reconocer su incapacidad, entonces debería otorgar a los españoles la posibilidad de decidir qué gobierno, con qué propuesta y con qué apoyo electoral se deberá hacer frente a esta coyuntura crítica para España”, agregó.
