También, exhortó a la Secretaría de Gobernación para que conforme un nuevo grupo de trabajo que determine las condiciones que existen en ese estado para determinar la alerta de género.
El exhorto fue presentado por la senadora Lucero Saldaña Pérez, quien solicitó al Pleno su urgente aprobación, pues “la gravedad de los hechos de violencia contra las mujeres, en sus diferentes manifestaciones, exigen respuestas puntuales e integrales.
Dijo que los avances que ha informado el gobierno poblano en este tema, “los vemos más en el tintero que en la realidad”. Ser mujer en Puebla representa un alto riesgo e implica vivir con miedo, apuntó.
Mencionó que la saña con la que se han cometido alrededor de 86 homicidios contra mujeres en esa entidad, es un problema que amerita la necesidad de emitir la alerta de género.
Refirió que el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas da cuenta de que en Puebla, en 2016, se contabilizaron 279 mujeres desaparecidas y, en lo que va de este año, se han registrado más de 260.
La Fiscalía del Estado reportó que para el primer semestre de 2017, se tenían contabilizadas 276 mujeres desparecidas.
Indicó que el número de mujeres desaparecidas es mayor que el de los hombres, además de que sólo una de cada 10 es encontrada; 50 por ciento son menores de edad y 35 por ciento son jóvenes de entre 18 y 30 años.
La legisladora del PRI lamentó que, pese al número de víctimas menores de 18 años, sólo se ha emitido la Alerta AMBER en dos ocasiones.
Precisó que el municipio de Puebla concentra 54 por ciento de los casos y la zona del Triángulo Rojo el 10 por ciento de los casos. “Nos enfrentamos a una triada de problemas, muchas veces ligados entre sí, por la impunidad” en casos de desapariciones, trata y feminicidios.
Señaló que de acuerdo a investigaciones periodísticas, cada 19 horas se denuncia la desaparición de una mujer en Puebla y de enero de 2012 a julio de 2017, se han acumulado 781 denuncias.
Aunado a ello, recordó que ONU Mujeres y ONU Derechos Humanos han señalado que Puebla, es la única entidad del país, con mayor proporción de mujeres desparecidas que de hombres.
Saldaña Pérez manifestó que el contexto de violencia que viven las mujeres, sobre todo, en la capital del estado y en los municipios conurbados, es tal que debe también debe considerarse dentro de otros delitos, ya que se daña la vida, la libertad, la integridad, la seguridad y se perturba la paz social.
El senador Javier Lozano Alarcón negó que el gobierno de Puebla, que encabeza José Antonio Gali Fayad, haya intervenido para que se desechara la alerta de género en el estado, el pasado 7 de julio. Dijo que la administración local ha manifestado total apertura y da la bienvenida a esta medida, en caso de ser declarada por las instancias correspondientes.
No obstante, pidió que la alerta no sea un factor para hacer política, pues se trata de un asunto tan delicado “que nos debe unir a todos”. El legislador del PAN aseguró que “muchos” casos de feminicidios están siendo resueltos y atendidos; es “muy doloroso, pero se están dando ciertos resultados”.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, consideró necesario que se siga insistiendo a todos los gobiernos estatales que la declaratoria de alerta de género no significa “un tache para sus gobiernos, como muchos tienen este prejuicio”.
Precisó que cuando esta medida se aplica, simplemente se da lugar a las propuestas que grupos y consejos multiinstitucionales han considerado a partir de una evaluación de riesgo; no es que todo el estado entre en alerta de violencia de género, señaló.
El senador Miguel Barbosa Huerta señaló que a la fecha hay 86 casos de feminicidios en Puebla, cinco de ellos ocurridos en el mes de septiembre; por lo que, dijo, es necesario que se revisen si las condiciones de seguridad de las mujeres están funcionando en ese estado.
Propuso que se haga un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que, en todo caso, se forme un nuevo grupo de trabajo y determine las condiciones que existen en el estado para determinar la alerta de género.