Como parte de los acuerdos alcanzados en el seno de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (Conasetra), los responsables de la política laboral en los estados y en la federación, se comprometieron a impulsar una agenda nacional para enfrentar el reto de la justicia laboral en todas sus dimensiones encaminada a:
- Fortalecer la oralidad a través de la mejora de los procedimientos y del uso de tecnologías que permitan tener procesos transparentes.
- Impulsar reformas sobre fraude procesal que modifiquen comportamientos nocivos al proceso.
- Revisar a nivel nacional condiciones de trabajo y de capacitación del personal de las juntas.
- Explorar la construcción de una plataforma informática nacional que permita mayor eficiencia procedimental.
- Fortalecer el tripartismo con la concurrencia de trabajadores y patrones, de manera permanente y responsable en las juntas.
En el acuerdo señalaron que trabajarán para que todos los esfuerzos de mejora y modernización normativa, procedimental, tecnológica y material de la justicia laboral, tengan por objetivo fundamental fortalecer el libre ejercicio de los derechos laborales individuales y colectivos de cada trabajador, así como la profesionalización, modernización y autonomía de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para que la justicia laboral se imparta conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, celeridad y eficiencia.
Asimismo, impulsarán la participación informada de todos los sectores y especialmente de los factores de la producción, en los foros o mecanismos de diálogo que se generen para analizar y discutir propuestas de solución a los principales problemas que aquejan a la justicia laboral cotidiana.
Entre ellos destacan el abuso del litigio debido a una inadecuada conciliación; las prácticas de simulación en casos de renuncia y despidos; la dilación intencional en los juicios; el abuso del juicio de amparo; que las partes en litigio se conduzcan con falsedad o simulaciones y vicios en los emplazamientos a huelga por firma y disputa de titularidad en los contratos colectivos de trabajo.
En este contexto, acordaron promover que los resultados que deriven de las consultas y diálogos, ya sean cambios normativos y/o procedimentales, se concreten en el quehacer cotidiano de las instituciones laborales.
Lo anterior, considerando que, para lograr un mayor crecimiento y prosperidad en favor de los trabajadores, sus familias y de todos los ciudadanos, es fundamental la consolidación de una cultura de la legalidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Asimismo, con pleno respeto a su autonomía, manifestaron su reconocimiento a los esfuerzos de los tribunales laborales del país para mejorar y modernizar sus procedimientos en la construcción de una justicia laboral con mayor celeridad y eficacia.
“Frente a los cambios tecnológicos y ante la mayor competencia internacional, para preservar y ampliar la planta productiva del país es necesario contar con instituciones sólidas y con un moderno marco normativo que incentiven la inversión productiva y la generación de fuentes de trabajo formales”, señalan en el documento.