Agustín Arriaga, presidente que congrega a los hoteleros de Michoacán, señaló que la realidad michoacana es compleja, y lleva tiempo siendo golpeada por grupos que han constituido un clima de inseguridad, alejando la inversión y desarrollo. “La estructura social y económica se ha visto seriamente afectada. No se puede permitir que las estrategias que se piensan como solución, se convierta en otro problema” agregó.
Cabe recordar que el pasado 25 de febrero, se presentó en el Senado de la República un Punto de Acuerdo para solicitar el pago inmediato de los adeudos. En voz de los prestadores de servicios turísticos, ellos dijeron que días después se les pagó 3 millones, sin embargo la deuda siguió aumentando, quedando casi igual que el monto original.
“Hasta el día de hoy la deuda sigue, lo cual tiene muy comprometida la operación de las empresas. Cuando se originó la deuda el dólar estaba alrededor de 13 pesos y la escalada de precios se les ha venido encima. Por la deuda existente no hay pago de intereses, no hay sanción por el retraso, y es la misma en pesos de 2014 y 2016. Su utilidad se perdió y tienen que seguir financiando al gobierno federal porque no pueden parar operaciones” mencionó Agustín Arriaga.
La voz del organismo empresarial señaló que un aspecto que preocupa es la opacidad en la selección de los hoteles para pagarles. Subrayó que en una muestra de parcialidad al único grupo en Michoacán que, después del exhorto, se le pagó lo que le debía es a Best Western, una cadena nacional y el cual no se había sumado al grupo de hoteleros que están peleando, “a los hoteleros locales los siguen teniendo en abonos pequeños” agregó.
De acuerdo a Agustín Arriaga “Los hoteleros michoacanos reiteran su disposición a ser aliados de la seguridad del Estado. Por ello reconocen la importancia de las labores de los organismos encargados de procurar justicia en la entidad. Sin embargo, al afectar la economía de la hotelería se vulnera a miles de familias que dependen directa e indirectamente de esta actividad, que genera empleos dignos y aporta de manera importante a la economía estatal”.
Por su parte el senador michoacano Raúl Morón Orozco señaló que existen hoteleros que aún no han declarado, por lo que la cifra de 50 millones de pesos, podría ser realmente de 100 millones de pesos.
Reiteró que los hoteleros de Michoacán están en una situación muy difícil y compleja, “han visitado al Congreso del Estado, han recurrido a la Secretaría de Gobernación, han hecho todos los oficios de gestión necesarios para que se pague este endeudamiento, y no han tenido suerte”, por lo que llamó a que el pago se realice lo más pronto posible, ya que el faltante erosiona no sólo a los hoteleros, sino a la economía de toda la entidad.
Aunado a lo anterior, Morón Orozco pidió que se audite todo lo que se gastó para la operación de la Comisión para el desarrollo, la seguridad, la estabilidad de Michoacán, que encabezó Alfredo Castillo, “cuántos fueron los elementos que desplazaron y los resultados obtenidos”.
Por su parte, la senadora de Michoacán Iris Vianey Mendoza señaló que es importante que no haya cacería de brujas por parte del gobierno federal en contra de los hoteleros que específicamente están exigiendo la liquidación y el pago por los servicios que brindaron a la Policía Federal. “Es necesaria la liquidación, porque están en una situación de crisis, pero que también se les siga dando trabajo; ellos quieren seguir siendo proveedores del gobierno Federal y del gobierno del estado”.
En este sentido, la senadora originaria de Apatzingán realizó un llamado al gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles, para que sea la voz de los hoteleros y acompañe la solicitud para que la Secretaría de Gobernación realice el pago correspondiente.
Finalmente el senador Armando Ríos Piter, presidente de la Comisión de Población y Desarrollo en la Cámara alta, también promovente del punto de acuerdo, señaló que el gobierno debe ser sensible y atender el llamado de quienes todos los días luchan por mantener a flote la economía estatal.
Añadió que esta situación no es exclusiva de Michoacán o Guerrero, ya que existen evidencias de que en más de 20 estados de la República, incluida la Ciudad de México, se tiene la misma problemática, “la información que hemos recopilado es que se debe un total de 653 millones de pesos” precisó.
