En su plan de trabajo publicado en la Gaceta Parlamentaria, la instancia legislativa destaca la necesidad de que la Cámara de Diputados impulse una reforma constitucional para que pueda legislar en la materia, y dar certeza a la transición hacia un nuevo régimen de permisos.
“Una legislación federal actualizada, que homologue el carácter de los sujetos regulados y coordine a todos los órdenes de gobierno, hará que la Cámara de Diputados fortalezca su papel en la investigación, regulación y supervisión en el tema de juegos con apuestas”, afirma.
La comisión refiere que las nuevas tendencias en el gobierno corporativo de estas empresas, en la operación de los casinos y centros de apuestas, ha producido un conjunto renovado de nuevas prácticas reglamentarias, financieras y fiscales no reconocidas por la ley, que hace urgente revisar y actualizar la normatividad en la materia.
Subraya que la inefectividad de la ley vigente y de su reglamentación, ha derivado en la segmentación del mercado, en la concentración de la industria y la falta de competitividad.
Además, la ausencia de reglas que den certeza a la conducta de los agentes que operan en el sector afecta los derechos de propiedad y aumenta considerablemente los costos de transacción, y propicia conductas que buscan suplir dicha deficiencia con la evasión de impuestos, la defraudación, el tráfico de influencias o incluso el lavado de dinero.
La meta, resalta la comisión, es permitir que el Estado recupere la rectoría de los sorteos, y de todo tipo de apuestas, incluyendo su registro único e individual, “para que sepamos qué está pasando específicamente en cada casa de juegos y sorteos en el país”.
En el documento, argumenta que continuará fortaleciendo el papel de la autoridad pública en la investigación, regulación, control y supervisión en materia de juegos con apuestas, a través de la presentación de una nueva ley en la materia.
De igual modo, dará seguimiento al resultado de la controversia constitucional en materia de juegos y sorteos.
Además, continuará investigando “el posible vínculo entre políticos y funcionarios de las anteriores administraciones con operadores y permisionarios, a partir de la revisión de licencias, anuencias y todo tipo de permisos para la instalación de casinos ilegales y casas de apuestas”.
También recabará y sistematizará la información relativa a cómo operan jurídicamente los casinos en los estados y municipios del país, y diseñará un padrón alterno al de las instancias oficiales de quienes realizan actividades relacionadas con juegos con apuesta y sorteos en el territorio nacional.