En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo un amplio recuento de las acciones llevadas a cabo para tratar de impedir la ejecución.
Recordó que el 1 de julio pasado el gobierno de Estados Unidos presentó un escrito de “Amigo de la Corte” en apoyo a la solicitud de que se suspenda la sentencia, asociado al recurso de revisión iniciado por la defensa.
La defensa del mexicano solicitó al gobernador de Texas, Rick Perry, suspender temporalmente la ejecución, en apoyo a la cual han enviado cartas la cancillería mexicana y el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan.
También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los gobiernos de Brasil, Honduras, El Salvador y Suiza, así como diversas organizaciones no gubernamentales.
La SRE afirmó que “el gobierno de México continuará realizando todas las gestiones a su alcance para que se dé cumplimiento a la sentencia del Caso Avena en defensa de la notificación consular”.
En ese sentido, recordó que desde enero de 2003 México acudió a la Corte Internacional de Justicia para presentar 51 casos de mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, quienes no tuvieron acceso a la notificación consular en sus juicios.
La corte determinó que las sentencias debían suspenderse, hasta reponer el procedimiento, pero el 5 de agosto de 2008 fue ejecutado, también en Texas, José Ernesto Medellín Rojas, quien estaba incluido en esa lista.
En su momento la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó que no era aplicable en su territorio el fallo de la Corte Internacional, porque no había una legislación interna al respecto.
Dicha propuesta de legislación se presentó apenas el 14 de julio, por el senador Patrick Leahy, presidente del Comité de Asuntos Judiciales, que busca dar cumplimiento a la sentencia del Caso Avena.
La ley todavía no se vota, en tanto el tiempo pasa y se acerca la ejecución de Leal Cortés.