El documento, que fue publicado este lunes por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el Diario Oficial de la Federación, permitirá una más eficiente asistencia en materia de extradición, basada en los principios de respeto a la soberanía e igualdad entre ambas naciones.
El tratado, firmado el 23 de julio de 2013 y que entrará en vigor mañana 1 de septiembre, tiene como objetivos centrales mejorar la cooperación entre los dos países con la intención de reprimir la delincuencia y luchar contra la impunidad.
México y República Dominicana se comprometen a entregar en extradición, de manera recíproca, a las personas contra quienes se haya iniciado un proceso penal o sean requeridas para la imposición o ejecución de una sentencia.
La condena debe implicar una pena privativa de la libertad cuyo término máximo sea mayor de un año y a la persona señalada aún le reste por cumplir al menos seis meses en la cárcel.
No se podrá extraditar a quien sea acusado por delitos políticos o exclusivamente militares; si la solicitud tiene como fin perseguir a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas; si la acción penal ha prescrito.
Tampoco se concederá si el señalado ya ha sido juzgado y sentenciado por los mismos hechos por las cuales se le reclama ni si la pena a la que podría ser sancionado está prohibida por la parte requerida, a menos que el requirente otorga la seguridad que no se impondrá esa condena.
Otra causa para no otorgar la extradición es cuando la persona reclamada vaya a ser juzgada por un tribunal de excepción o si se pretendiera la ejecución de una pena impuesta por esa corte, entre otras.
En el texto se precisan los documentos que se requiere entregar al hacer la solicitud, el proceso de detención preventiva con fines de extradición, los procedimientos, extradiciones simplificadas, resoluciones de entrega, gastos, consultas y controversias, entre otros rubros.