Morales Vargas solicita que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social haga públicos sus resultados en un máximo 30 días hábiles.
Asimismo, exhorta a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para que constituya una subcomisión que determine las reformas integrales necesarias en materia de inspección y de seguridad e higiene en los centros de trabajo para prevenir este tipo de tragedias.
Por último, pide que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en forma coordinada, den todo el apoyo que se requiera a los deudos y se respeten puntual y oportunamente sus derechos, incluyendo a los trabajadores que laboraban en el marco de la subcontratación.
Morales Vargas recordó que a partir de la muerte de 65 mineros en la mina Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006, se ha desatado en el país, una injusta y cada vez más frecuente muerte colectiva de trabajadores, la mayoría de las cuales ha tenido lugar en grandes empresas, que tenían los recursos necesarios para prevenir estos riesgos de trabajo: PEMEX, Coppel, mineras, y ahora siete trabajadores perdieron la vida en la cervecera Grupo Modelo.
Todos estos dolorosos y condenables hechos, devienen ya no de una casualidad persistente, sino de la desregulación del Estado mexicano en materia de seguridad e higiene, que tiene su primer antecedente en la NOM-19 sobre la materia publicada el 22 de octubre de 1997, y que entre otras medidas, suprimía la obligación patronal de inscribir ante la Secretaría del Trabajo a las Comisiones de Seguridad e Higiene, abriendo de par en par el incumplimiento de los patrones, poniendo en riesgo permanente la vida y salud de los trabajadores, dijo.
“A esto sumemos el poco número de inspectores, su baja capacitación, la insuficiencia de recursos materiales para que cumplan con su tarea, la ineficiencia de la Dirección General de Inspección del Trabajo y la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Basta ver que la Auditoría Superior de la Federación, en el marco de la Cuenta Pública 2011, emitió dictamen negativo sobre las acciones realizadas por la Secretaría del Trabajo en materia de inspección y verificación sobre seguridad en las minas subterráneas de carbón, pese a las terribles tragedias que se han dado en estas minas. Como si esto fuera poco, la reciente reforma laboral suprime la facultad de la Secretaría del Trabajo para clausurar las empresas que no adopten las medidas necesarias que les sean indicadas por esta dependencia para la prevención de los riesgos de trabajo”, añadió Morales Vargas.
Por tanto, “ya no basta con guardar minutos de silencio para los trabajadores que pierdan la vida, lo que se necesita es que el Estado mexicano deje de renunciar a su obligación de regular y vigilar con firmeza el cumplimiento patronal en materia de seguridad e higiene, especialmente respecto a las grandes empresas que abusan de su poder fáctico, lo que debe llevar, además de hacer una revisión completa de la legislación en la materia, a que la Secretaría del Trabajo reestructure de forma completa a sus dos direcciones antes referidas.
“Por otra parte, la Cámara de Diputados debe destinar los recursos presupuestales suficientes para que exista el número de inspectores necesarios conforme a los parámetros definidos por la OIT, además de darles la debida capacitación y dotarlos de los elementos necesarios, debe igualmente haber una mejor coordinación en la materia con los gobiernos locales y, se debe proceder a la ratificación de varios Convenios de la OIT que tienen disposiciones que harían avanzar la tutela a favor de la prevención de los riesgos de trabajo”, aseveró.
Morales Vargas enfatizó que debe haber cero tolerancia con el cumplimiento de las normas mínimas que tutelan la vida y salud de los trabajadores. “No es posible que en tanto los patrones recogen las utilidades, los familiares recojan a sus muertos y derramen lágrimas. Es un exceso de flexibilización en materia de seguridad e higiene el estado actual de las cosas y, sobre todo, cuando la impunidad domina en este campo. Los poderes fácticos no pueden estar sobre la letra de la ley y la vida de los trabajadores”.