“Si no se enfrentan los actos y omisiones de corrupción del Presidente de la República y de los exmandatarios de nuestro país que pudieron incurrir en actos de corrupción, y los de propietarios y accionistas de los principales poderes fácticos trasnacionales y nacionales que operan en México y que se vincularon con el poder presidencial, los esfuerzos anticorrupción serán inútiles o estériles”, puntualizó.
Ante el pleno de la Comisión Permanente, la Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena aseguró que los intereses de la sociedad mexicana en su conjunto se han visto afectados por la ineficacia, opacidad y deshonestidad de varios servidores y exservidores públicos, incluidos el panista Calderón Hinojosa y el priista Zedillo Ponce de León.
“Tenemos casos reales y vigentes en donde exservidores públicos están inmersos en verdaderos conflictos de intereses, con motivo de sus nuevas actividades privadas en empresas con las que tuvieron vínculos durante su encargo. Estos casos que se apartan de toda consideración ética y se traducen en actos de corrupción, carecen de regulación legislativa que los acote e impida”.
Al presentar una iniciativa de reformas al Artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a los Artículos 47 y 88 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, señaló que la corrupción y el conflicto de intereses en que incurren los funcionarios y exfuncionarios limitan el desarrollo del país, lo que genera aún más pobreza.
Nahle García destacó que el expresidente Felipe Calderón ya se integró como miembro independiente del Consejo de Administración de la empresa estadunidense Avangrid, filial de la española Iberdrola, con la que tuvo estrechos vínculos durante su mandato.
“En marzo de 2010, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola agradeció a Calderón sus esfuerzos para que las empresas privadas de este sector tengan regulación estable y predecible, rentabilidad adecuada, así como disponibilidad de suficiente infraestructura para la salida de la energía”.
A este caso, precisó, se suma el de Georgina Kessel, exsecretaria de Energía de la administración calderonista, quien también es consejera de la misma empresa desde el 24 de abril de 2013.
La diputada de Morena resaltó que después de concluir su mandato presidencial Ernesto Zedillo aceptó un trabajo en la trasnacional Union Pacific, que fue concesionaria de Ferromex. “Esto como resultado de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, que se realizó justamente durante su gobierno. En todos estos casos se cruzan intereses públicos con privados, relaciones e información privilegiada”.
En ese sentido, señaló que el Sistema Nacional Anticorrupción está muy lejos de convertirse en una verdadera y eficaz política de Estado, ya que adolece de mecanismos efectivos para prevenir, combatir y sancionar la corrupción, empezando por la que se comete desde las más altas esferas del poder.
“En aras de fortalecer la lucha contra la corrupción, la presente iniciativa resulta necesaria y pertinente para enfrentar la corrupción pública y privada que se ha exacerbado durante los periodos correspondientes a la imposición del régimen con todas las tintas privatizadoras, la intromisión de lo privado por encima de lo público, el uso del poder público en beneficio del privado”, recalcó.
Nahle García subrayó que la corrupción ha lastimado profundamente la vida democrática, la credibilidad ciudadana en las instituciones y en quienes las operan, debilitando la ejecución de obras y acciones prioritarias que son imprescindibles para lograr el pleno y verdadero desarrollo del país.
“Esta iniciativa se presenta, ahora sí, por el bien de todos los mexicanos. Si no al rato Enrique Peña Nieto va a resultar que va a ser consejero de la Shell, o no sabemos de qué trasnacional, puesto que con esta Reforma Energética tienen intereses ahí metidos”, concluyó.