“Hemos avanzado en favor de la transparencia con la emisión de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; no obstante, sabemos que todavía hay un camino que recorrer para que los mexicanos podamos hacer pleno uso del derecho a la información. Ahora corresponde a las instituciones, a los ciudadanos y a las autoridades ser vigilantes de su aplicación”, afirmó.
Al participar en el “Seminario: Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, Moreno Rivera sostuvo que la información es poder y que nueva información crea ideas que enriquecen la democracia, los consensos y los acuerdos.
Relató que la nueva ley no es un punto de llegada, sino de partida. Es un medio para lograr mejores prácticas en el gobierno, para conseguir una nueva cultura de transparencia, para construir gobiernos abiertos cuyo deber es servir a los ciudadanos. “Sólo así se fortalecerá la confianza en las instituciones y podremos mirar al futuro con esperanza renovada”.
En las instalaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), resaltó que hay quienes piensan que la información pública debe estar oculta para los ciudadanos, pero eso es “nada más falso y fuera de la realidad. México vive hoy tiempos de transparencia y claridad. Transitamos hacia una nueva era de rendición de cuentas”.
Recordó que en la LXII Legislatura se construyó un legado para el futuro de México, el cual tiene su fundamento en la aprobación de 29 reformas constitucionales sobre temas como educación, telecomunicaciones, competitividad, transparencia y combate a la corrupción, entre otras, que conforman una nueva visión del Estado mexicano.
En materia de transparencia, dijo que se avaló una reforma que establece las herramientas jurídicas de la Constitución para que el Estado tenga un funcionamiento eficiente y ético de sus instituciones que generen estándares de vigilancia respecto a la transparencia y a la rendición de cuentas de los poderes públicos y de su pleno ejercicio en la gestión pública.
Con la Ley General en la materia, expresó que se contribuyó al fortalecimiento de una verdadera cultura de valores sobre transparencia, como un elemento primordial para la democracia del país, y se mantuvo el espíritu de la reforma constitucional, al garantizar a los ciudadanos el derecho de exigir a cualquier sujeto de gobierno o privado que reciba o ejerza recursos públicos, información sobre su destino y su ejercicio, y permite evaluar el desempeño de la aplicación de estos.
Moreno Rivera detalló que no sólo los tres órdenes de gobierno están obligados; ahora también están sujetos a la transparencia los sindicatos, los órganos autónomos, los partidos políticos, los fideicomisos, los fondos públicos incluyendo al Poder Legislativo y al Poder Judicial, con lo cual el ejercicio de la autoridad ahora queda expuesto al escrutinio público.
“La Ley distribuye competencias y empodera al ciudadano para convertirlo en un ente que evalúa y vigila a sus gobernantes, ya que frente a la desconfianza de una parte de la sociedad se responde con la norma, pues siempre que se ejerzan recursos públicos, la información sobre dicho ejercicio le pertenece a la ciudadanía”, puntualizó.
Subrayó que ésta es una ley que permite a los ciudadanos y al gobierno sentar las bases para el ejercicio transparente y democrático del quehacer público y político. “Es un logro de la sociedad civil que exige un mejor y más amplio acceso a la información pública”.
En el panel 1 “Perspectiva legislativa sobre la armonización de la Ley Federal de Transparencia”, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) dijo que está pendiente establecer disposiciones para los sujetos obligados del sector energético, en congruencia con las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica, y así garantizar la máxima transparencia de los contratos, asignaciones, permisos, alianzas y demás que el Estado establezca con particulares, subsidiarias o filiales.
Añadió que el Congreso de la Unión deberá expedir las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados, y la de la administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatales, del Distrito Federal y municipales. En tanto, el Sistema Nacional de Transparencia tendrá que emitir los lineamientos generales en materia de clasificación de información reservada y confidencial, los de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como la regulación de la forma y plazos para que los sujetos obligados cumplan con la transparencia.
A su vez, el diputado Fernando Rodríguez Doval (PAN) aseguró que la reforma en materia de transparencia fortalece y consolida la democracia más que cualquier otra reforma que se haya hecho hasta el día de hoy.
“Una democracia no puede entenderse desde la opacidad y el secreto, que es la forma en que operan los regímenes autoritarios; los democráticos operan garantizando el derecho humano a la información”, planteó.