Durante la primera sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura, el legislador hidalguense precisó que no es posible permitir que el Poder Legislativo se transforme en un órgano de revanchismo político que utilice los procedimientos constitucionales como vendettas personales. “Somos los representantes del pueblo, y nuestra función principal es legislar en favor de la justicia”, puntualizó.
Por ello, desde la más alta tribuna política del país, Mendoza Bustamante advirtió que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del PRI votarían en contra de dicho dictamen que también propone abrogar la Ley Federal de Responsabilidades de los servidores Públicos, al tiempo que hizo un llamado a la prudencia y a que se realice un análisis serio y una revisión a fondo a fin de generar una nueva propuesta que no violente principios fundamentales de nuestra Constitución.
Insistió el diputado priista en que se debe legislare responsablemente, respetando los principios e instituciones políticas que emanan de nuestra Constitución; “la Ley que hoy discutimos, presenta deficiencias que vulneran los principios más básicos de los derechos fundamentales, violenta el debido proceso y atenta contra la separación de poderes. Por ello, las y los diputados del PRI, nos pronunciamos en contra porque no se trata de un texto jurídico, sino de un instrumento político cuyas vacíos legales y deficiencias se transforman en un potencial peligro para la estabilidad del país”, puntualizó.
Además, dijo, viola el principio de división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, ya que cuenta con herramientas que permiten amedrentar a todo disidente, a cualquier persona que cuestione o pida cambios en el gobierno.
Como uno de los tres poderes de la Unión, añadió, el Legislativo tiene la obligación de crear leyes, pero de ninguna manera están autorizados para aplicarlas. Esa es tarea del Poder Judicial.
En este sentido, el diputado Mendoza Bustamante reiteró que las y los priistas votarán en contra del dictamen porque consideran grave que afecte a la presunción de inocencia, el debido proceso y los Derechos Humanos y que, con esta ley, no se requieran pruebas para condenar.
“Debemos cuidar las instituciones de Estado y distinguir entre la política y la justicia. Si el presidente cometió un delito debe ser juzgado; pero debe juzgarse conforme lo establecen las leyes especializadas”, concluyó.