“Si no sacamos esa Ley, quedaremos debiendo a la sociedad”, advirtió al tiempo de exponer que se trata de un tema de la mayor relevancia para la vida pública nacional en los tiempos actuales, y recalcó que es una forma de corresponder –en parte- con lo que ha sido el establecimiento de salarios mínimos para los trabajadores de menores ingresos quienes, con 80 pesos diarios, apenas obtienen lo indispensable para cubrir el alimento, no otras necesidades, en tanto que hay funcionarios públicos para quienes no hay un tope máximo en sus percepciones.
“He planteado que ningún funcionario público pueda ganar más que el presidente de la República o que el superior inmediato con el que trabaja porque hay presidentes municipales, regidores, diputados locales que ganan mucho más, y esos son excesos que debemos combatir por ser ofensivos para la sociedad”, citó.
En este sentido Jesús Zambrano, recordó que la Carta Magna dispone que ningún servidor público puede recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República, ni tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, con las excepciones que esta misma ley prevé.
“No podemos seguir aceptando, indicó, que haya funcionarios públicos en estados y municipios, o aquí mismo en el Gabinete de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en la Cámara de Diputados, que perciben ingresos totalmente improcedentes frente a la situación que vive la mayoría de los trabajadores del país. El que esto se mantenga es un insulto y abona a esta enorme dosis de desconfianza y falta de credibilidad de la sociedad hacia sus instituciones”, aclaró.
Recordó que ello también debe aplicar para ex presidentes, magistrados y ministros que, en su momento, tuvieron suficientes ingresos para mantenerse en lo que les resta de vida: “No tenemos ex presidentes que puedan decir que son pobres y vivan en la medianía. La mayoría son personas que no tienen necesidad de seguir recibiendo una pensión a cuenta del erario público”, insistió el perredista.
“Sabemos que hay consenso por parte de las diversas fuerzas, sólo nos faltan el PRI y el Partido Verde. Y creo que sería una pésima señal de los legisladores de los grupos parlamentarios si se pretende enviar a la congeladora, esta iniciativa que busca frenar el dispendio de los recursos públicos para mantener privilegios y, en cambio, destinar ese dinero a cubrir carencias de personas en situación de pobreza, por eso insistiremos en que sea dictaminada”, recalcó.
Dijo que las remuneraciones a quienes más ganan, su fiscalización, y poner un tope a las mismas tal como lo establece la Constitución Política, es una deuda que el Legislativo tiene con México, y donde –por cierto- tampoco la Cámara de Diputados a través del Grupo de Trabajo en Materia de Desarrollo Económico, pudo dar cuenta de acciones para aumentar hasta 95 pesos diarios, el Salario Mínimo general como lo planteó en su oportunidad el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y, en cambio, la clase trabajadora percibirá 80 pesos diarios a partir del año próximo, por debajo de lo requerido para tener ingresos dignos.
Para el diputado federal, pudiera ser retomada la propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana a fin de que los aumentos al mínimo se den en dos tiempos, uno en enero y el otro en la segunda mitad del año, y por ello será fundamental la intervención del Grupo de Trabajo que integran representantes de todas las fuerzas políticas en la Cámara a fin de que cumplan con lo que ordena la Constitución al respecto y los trabajadores mexicanos recuperen el poder adquisitivo perdido desde hace más de tres décadas.
“No podemos –como legisladores- quedarnos sólo a la expectativa cuando desde marzo pasado, el Pleno avaló la conformación de un Grupo de Trabajo que, a la fecha, no ha dado avances frente al anquilosado aumento que dio a conocer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). Estamos obligados a velar por los intereses del grueso de la población, debemos restituir la confianza de la sociedad hacia nosotros”, insistió.
Zambrano Grijalva dijo finalmente que, de ser aprobadas estas propuestas en el actual periodo, permitirá recuperar la certeza de las y los mexicanos hacia las instituciones públicas del país y actuar con base en hechos, no solo palabras.