Juárez Piña informó que con este proyecto de ley se busca asegurar condiciones mínimas de dignidad a la gran mayoría de infantes y adolescentes mexicanos, quienes por diversas causas viven en condiciones precarias.
Esta Ley, de creación consensuada y de observancia general en todo el país, ordena la creación del Sistema de Garantía de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, define las prerrogativas mínimas de las que deben gozar y prevé la elaboración de programas nacionales y estatales para su concreción.
Los derechos de los niños son, entre otros, a la vida y la supervivencia, de prioridad, no discriminación, interés superior y, en su caso, a la reparación del daño. Se respetarán en todo el país, independientemente de que el órgano y las normas respectivas sean federales, estatales o municipales.
La definición de las políticas públicas para concretar estos derechos y los programas estarán a cargo del Consejo y el Secretariado Ejecutivo Nacionales de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, de los cuales habrá órganos similares en los estados.
La creación del Sistema y del Programa por parte del Consejo y el Secretariado contará con la vigilancia y participación del Observatorio Ciudadano Nacional, en el que también participarán organizaciones infantiles y juveniles, y el cual tendrá, asimismo, réplicas en las entidades.
Estos Observatorios informarán anualmente sobre la situación de la niñez en cada entidad y en el país entero, y notificarán a los Consejos y Secretariados sobre los aspectos de especial preocupación para proporcionales más atención y presupuesto.
Adicionalmente, esta Ley prevé la creación de una Visitaduría Nacional de los Derechos de la Niñez en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en los órganos estatales semejantes. Todas ellas podrán recibir quejas e inconformidades de los propios niños, niñas y adolescentes o quien, en su caso, los represente, así como participar en procesos legales para garantizar el respeto a las prerrogativas de infantes eventualmente involucrados.
Cuando las niñas, niños y adolescentes sean los afectados, establece disposiciones y procedimientos para las instancias de procuración e impartición de justicia, incluida la instauración de Ministerios Públicos Especializados y la protección urgente a la víctima.
Prevé también la creación de oficinas especializadas en juzgados y tribunales civiles y penales para acompañar, asesorar y apoyar a los infantes y adolescentes con personal debidamente capacitado.
Por otra parte, reafirma las funciones del DIF Nacional, los estatales y los municipales, en especial en cuanto a asistencia social, y crea un mecanismo de vigilancia, autorización y, en su caso, cancelación de permisos a instituciones públicas y privadas. Finalmente, prevé que el presupuesto y gasto en materia de niñez deberá ser creciente, por lo que bajo ninguna circunstancia deberá disminuir.
La legisladora Juárez Piña reconoció la aportación de los integrantes de la Comisión que preside, las diversas organizaciones públicas y privadas abocadas a la atención de la infancia y la adolescencia, y de los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano en la elaboración de esta iniciativa. Se trató --dijo- de construir un sistema de garantía para la protección de los derechos de ese sector de la población, sistema que busca ser un mecanismo para la concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los gobiernos federal, estatales y municipales para la atención de la infancia.
Es un documento legislativo consensuado se incluyen planteamientos, propuestas y observaciones de diversas organizaciones públicas y privadas que realizan un destacado trabajo en favor de las niñas, niños y adolescentes del país, entre ellas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Save the Children, Alianza MX por los derechos de niñas, niños y adolescentes y Red por los Derechos de la Niñez, el Centro de Estudios e Investigación en Asistencia y Desarrollo Social (CEIDAS), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ririki Integración Social, universidades públicas e institutos nacionales de salud.