En conferencia de prensa, efectuada en la SCT, el subsecretario indicó: la competencia debe existir en los sectores en los cuales se registra alta concentración, por lo que las reglas establecidas en esta iniciativa describen de manera muy clara las condiciones de operación de los concesionarios en los diferentes mercados de telecomunicación y radiodifusión. Hace falta, precisó, un marco normativo que genere competencia e inversión.
Peralta subrayó el plazo de dos años para que los preponderantes accedan a la concesión única y estar en posibilidad de competir en los diversos mercados de las telecomunicaciones, porque es razonable al permitir que las medidas asimétricas, establecidas en la reforma constitucional, tengan un proceso de maduración y se evite cualquier elemento disruptivo y así proteger el objetivo de esta ley: incentivar la competencia.
La iniciativa llevó consigo un proceso de consulta con expertos tanto nacionales como internacionales. Entre ellos, contó con el apoyo de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), las Secretarías de Hacienda y de Gobernación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), así como la Consejería Jurídica.
Respecto de las sanciones que trae consigo la disposición normativa el funcionario aclaró: no se aplica ninguna doble ventanilla para los actores en los procesos jurídicos. Este rubro, acotó, otorgue a quien deba tener la capacidad de vigilar o de supervisar.
“Es un asunto que requiere coordinación, pero sobre todo obedece al mandato constitucional”, subrayó.
En cuanto a contenidos, Peralta Sánchez subrayó la importancia de entender la diferencia entre lo que es un tema constitucional y uno de política pública. Toda vez que las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) están limitadas a dos temas: uno, en cuanto al cumplimiento de los tiempos en materia de publicidad, y dos, en cuanto a las pauta de contenidos en programación infantil.
“Existe absoluto respeto a las facultades del IFT, plasmadas en la Constitución, y a la autonomía constitucional del órgano regulador”. Sin embargo, resaltó, en la iniciativa se plasma con claridad que el tema de contenidos debe ser regulado por la Secretaría de Gobernación.
Lo que se busca en la legislación secundaria es incrementar la efectividad del Estado como rector del sector de telecomunicaciones y de radiodifusión.
