Al participar en el foro “Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad”, organizado por la Cámara de Diputados, dijo que la lucha penal contra las drogas no ha disminuido el número de adictos, ni la violencia que se genera en torno a ese “estratosférico negocio”.
“Esta lucha no la va a perder el Estado, si por derrota entendemos que un referí va a levantarle la mano a un narco después de 12 rounds, y tampoco la va a ganar si por victoria entendemos que se reduzca el número de consumidores u otro beneficio por la penalización”, indicó.
El actual presidente del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, mencionó que a pesar de estar prohibidas, las drogas siempre se han consumido y su persecución solamente ha elevado sus precios y las ganancias para los líderes de los cárteles.
Aceptó que con la legalización del consumo de drogas, los miembros del crimen organizado no se volverían “monjes”, pues continuarían con el secuestro, la trata de personas y el robo, que son actividades ilícitas en las que ya han incursionado.
“Pero se les quitaría su principal fuente de ingresos y lo que se ahorraría al ya no perseguirse el comercio de drogas se podría utilizar en la rehabilitación y prevención de adicciones, así como en la profesionalización y saneamiento de policías y ministerios públicos”, mencionó.
Por su parte la fiscal española, Dolores Delgado, destacó que el combate al crimen organizado exige un cambio de mentalidad, pues no se trata de delincuentes comunes y es necesario conocer las características de esos grupos.
De igual forma, sugirió estar abiertos a que la persecución de la delincuencia organizada se haga por equipos conjuntos, integrados por elementos de distintos países, como sucede en Europa, además de ofrecerle a los jueces más pruebas que el testimonio de testigos protegidos.