El legislador federal perredista hizo también un llamado al actual mandatario de la entidad, Arturo Nuñez, para que se amplíe el proceso judicial que ya se inició sobre este tema, porque considera que hay evidencias suficientes para enviar al ex gobernador, y diversos ex funcionarios, a la cárcel.
Alonso Raya insistió en que, a fin de combatir con mayor eficacia la corrupción, urge fortalecer las facultades del Congreso Mexicano para fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos, así como que, en el marco de la discusión para la elaboración de un nuevo Código Penal, en el ámbito federal; se incluya la figura del embargo precautorio de los bienes de funcionarios señalados como presuntos responsables de corrupción.
Ayer, la Procuraduría General de Justicia de Tabasco (PGJE) dio a conocer que decomisó cerca de 89 millones de pesos en efectivo, presuntamente propiedad de José Saiz Pineda, quien fungió como Secretario de Finanzas del gobierno de Andrés Granier Melo.
A Granier Melo y algunos ex funcionarios de su gobierno, se les investiga por presuntas transacciones financieras irregulares de cerca de mil 900 millones de pesos correspondientes a partidas de programas federales, en las cuales se presume podrían también estar involucrados familiares del ex gobernador. Además, por haber dejado endeudado al estado con 23 mil millones de pesos.
Una de estas líneas de investigación conduce a Fabián Granier Calles, hijo del ex gobernador, por supuestas compras de diversas propiedades durante el gobierno de su papá, algunas de ellas en Miami y en la Riviera Maya.
Recientemente fueron filtradas unas afirmaciones de Granier Melo, en las que se jacta de una vida de lujos y excesos, y presume su vestidor compuesto por 400 pares de zapatos, 400 pantalones, 300 trajes y mil camisas, todos artículos de marca.
En opinión de Alonso Raya, Vicecoordinador de los diputados del PRD, éstas son pruebas contundentes para que se proceda penalmente en contra de Granier Melo y sus cómplices, cómo en el caso del panista César Nava; o de lo contrario, afirmó, “se enviará un lamentable mensaje a la sociedad de que el gobierno de Peña Nieto miente cuando afirma que combatirá la corrupción; y los funcionarios que hagan un uso ilícito de los recursos públicos durante su mandato, tendrán la confianza de que no se les castigará o que su sanción será mínima, y podrán disfrutar impunemente de lo que eventualmente se roben del erario público”.
