El juez de distrito Michael Shea desestimó la demanda y ordenó cerrar el caso después de escuchar los argumentos de las partes, según el fallo que se puede ver este jueves en los registros electrónicos del sistema judicial estadounidense.
El Gobierno mexicano había solicitado el año pasado a las autoridades estadounidenses que tuvieran en cuenta la inmunidad diplomática de la que gozaba Zedillo en su calidad de presidente en el momento de la masacre.
En una carta enviada por la Embajada de México en Washington a la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, recordaban que todos los actos de Zedillo en relación a lo ocurrido en Acteal fueron "en el curso de su función oficial como Jefe de Estado".
Los abogados de Zedillo alegaron siempre que las acusaciones de que su cliente fue cómplice de alguna manera de la masacre en Chiapas eran "infundadas" e "injuriosas".
Según la demanda, presentada en 2011 por un equipo de abogados de Miami (Estados Unidos) en nombre de una decenas de víctimas, en los años siguientes a la matanza, Zedillo supuestamente conspiró con el entonces fiscal general mexicano, Jorge Madrazo Cuéllar, para "encubrir" su presunta responsabilidad.
Los demandantes, que todavía pueden apelar el fallo del magistrado, reclamaban en la demanda el pago de una indemnización de 50 millones de dólares para los familiares de las víctimas de la masacre de Acteal.
El 22 de diciembre de 1997 decenas de indígenas tzotziles que oraban en Acteal fueron atacados por otro grupo vinculado con bandas paramilitares, que acabó con la vida de 45 personas, entre ellas 15 niños.
La tragedia forzó la renuncia del entonces secretario de Gobernación (ministro del Interior), Emilio Chuayfett, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, a quien algunos consideran el inductor de la masacre. (EFE)
