Relató que entre 1983 y 1999 33 informadores fueron asesinados; entre 2000 y 2006, 66, de 2007 a 2012, 127 y sólo el año pasado hubo 10 comunicadores muertos, dos desaparecidos y 27 violentados; además, se contabilizaron 11 agresiones a medios de difusión y México ocupó el tercer lugar mundial en asesinatos de periodistas después de Siria y Somalia.
Los ataques al gremio, enfatizó el presidente de la Comisión Especial, obedecen a la lógica de acallar a los comunicadores como paso previo para lograr el predominio sobre el Estado, por lo que la Comisión se asegurará de que el mecanismo establecido en la ley para su protección sea eficaz.
Por su parte, el senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva, enfatizó que la libertad de expresión es un derecho político de todos los mexicanos y debemos defenderlo, pero también es algo que se olvida fácilmente.
Dicho derecho, agregó, genera una serie de bienes públicos que fortalecen el tejido social e impulsan la prosperidad y bienestar social y económico.
Por eso, hizo notar que la Comisión Especial no sólo tratará de prevenir las agresiones, sino también trabajará para que periodistas y medios de comunicación puedan seguir gozando de la libertad de expresión, “de decir no sólo su verdad, de decir la verdad, que es lo que el pueblo de México les demanda”.
En su turno, el senador Emilio Gamboa Patrón, titular de la Junta de Coordinación Política, expresó que la prensa libre se ha ganado un lugar por su trabajo en favor de la democracia de México y en este sentido en el Senado de República “entendemos la validez, importancia y trascendencia de los medios de comunicación”.
Acotó que es fundamental que los legisladores y las empresas periodísticas estén coordinados para darle seguimiento a las agresiones en contra de los periodistas.
Reiteró que por la trascendencia de la labor que desarrollan no se puede concebir al México actual sin medios de comunicación serios, profesionales y honestos, que pelean y luchan a diario por la libertad de expresión.
Para el senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez, es preciso sumar esfuerzos para que los informadores mexicanos puedan ejercer su oficio con toda libertad y respeto a sus derechos.
Subrayó que el cambio político experimentado en los últimos 20 años ha permitido la existencia de una prensa plural, pero la ola de violencia que azota al país ya alcanzó al gremio y los representantes de los medios de comunicación se encuentran en la primera línea de fuego y constituyen un grupo vulnerable por las importantes funciones que realizan.
Por ello, hizo un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los actos de violencia que buscan callar la libertad de expresión, y garantizar el ejercicio periodístico, pues “cuando se permite que fuerzas e intereses callen a la prensa las sombras caen sobre las ciudades, los campos y los hombres y no lo permitiremos”.
A su vez, el senador priista Jesús Casillas Romero manifestó que representantes de organismos no gubernamentales coincidieron en que el gobierno, en sus tres niveles, “no ha ofrecido las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes ejercen” esta profesión.
Señaló que no se cuenta con una policía investigadora que favorezca el esclarecimiento de cada uno de los casos denunciados y en los últimos 10 años “se cree que han sido asesinados entre 90 y 100 periodistas y existe información que da cuenta de 16 desparecidos”.
A nombre de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Angélica de la Peña Gómez afirmó que aún no concluye el proceso para que el marco jurídico responda a las necesidades y urgencias que permitan garantizar plenamente la libertad de expresión.
En este sentido, la legisladora perredista anunció que este jueves se instalará la primera sesión de trabajo para reformar los códigos de Procedimientos Penales y Penal Federal, así como las leyes contra la delincuencia organizada y Orgánica de la Procuraduría General de la República, para cumplir con el mandato constitucional en la materia.
En tanto, el senador Manuel Bartlett Díaz resaltó la importancia de la creación de la Comisión Especial, ya que representa “una ventana para poder observar no solamente los actos que dañan a los periodistas sino a la profesión misma”.
El coordinador del Partido del Trabajo consideró que la política sin la información “sería una función ciega y sin dirección.
Juan Carlos Gutiérrez Herrera, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, expuso que a tres meses de entrar en vigor el mecanismo para la protección de periodistas se ha auxiliado a 11 de ellos.
Coincidió en que es fundamental mantener la coordinación para garantizar la libertad de expresión y la garantía de que cualquier periodista pueda ejercer sin ningún tipo de amenazas y agresiones su labor.
Javier Tapia Urbina, director general de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó que de 1999 a la fecha se han documentado 843 expedientes relacionados con agresiones a periodistas y de 2000 a 2012 la CNDH ha registrado 82 homicidios, 18 desapariciones y 33 atentados a medios de comunicación.
Sin embrago, sólo el 19 por ciento de los 133 casos se han consignado ante la autoridad jurisdiccional y en siete por ciento de ellos un juez ha dictado una sentencia condenatoria, por lo que el índice de impunidad es del 81 por ciento.
Por su parte, Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo de El Universal, aseveró que “ya no es tolerable el estancamiento y el disimulo en la defensa de la libertad de expresión”, porque sin ella no habrá transparencia, rendición de cuentas, una democracia participativa y madura ni una paz verdadera, con ciudadanos libres.
Destacó que el Senado cuenta con una iniciativa para reglamentar la reforma sobre la federalización de delitos contra periodistas y “urgimos a los señores senadores y diputados, de todos los partidos, para avanzar en su dictamen y aprobación”.
El periodista Jacobo Zabludovsky calificó como un acontecimiento histórico y un hito en la historia del respeto a los derechos elementales que el Senado de la República haya creado una Comisión Especial para impedir o castigar las agresiones contra comunicadores.
Por último, Teodoro Rentería, presidente fundador de Federación de Periodistas Mexicanos, expresó que “la vergonzante impunidad es lo que nos agobia” y nos preocupa que después de haber luchado por la federalización de los delitos contra comunicadores ya haya voces diciendo que en la ley secundaria no va a haber tal”.
Al evento también asistieron, entre otros, los periodistas Roberto Rock, Katia D´Artigues, David Aponte, Ricardo Alemán, Carlos Ugalde López, Juan Francisco Ealy Junior, así como Ignacio Ayala, Francisco Santiago, Alejandro Jiménez, Laura Bonilla, Salomón Padilla y José de Jesús Miranda.
