Durante la presentación del Informe “La Infancia Cuenta en México 2012”, la también vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados demandó a las instancias del Estado Mexicano con competencia en la materia asumir su responsabilidad y actuar en consecuencia respecto a estos casos.
Hace 10 días –recordó-- el Estado Mexicano retiró su “declaración interpretativa” del Protocolo Facultativo sobre la participación de infantes en conflictos armados de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Con ese retiro, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad por la participación de menores de 18 años en hostilidades, grupos de civiles armados y conflictos internos, así como su obligación de adoptar medidas legislativas y de política pública para impedir que ese reclutamiento continúe y se reitere.
La diputada Aleida Alavez reconoció las aportaciones del Informe “La Infancia Cuenta en México 2012”, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, pues contribuye a poner a este sector de la población --el 40 por ciento del total-- en el centro de las agendas.
Verónica Juárez Piña, también del GPPRD y presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez, anunció la próxima discusión de la iniciativa de Ley General de Garantías de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a fin de ponerla a consideración del Pleno de la Cámara en este mismo periodo de sesiones.
Argumentó la necesidad de este ordenamiento al señalar que se requiere una ley que contemple un sistema integral, un órgano rector, la creación de indicadores, la participación decidida de todos los órganos del Estado –incluidos los tres poderes-, la sociedad civil y los propios infantes para hacer efectivos sus derechos.
Además de la mencionada Ley, informó sobre el compromiso de la Comisión que preside de impulsar y participar activamente en una serie de reformas relativas a niñas, niños y menores de 18 años, como la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, y otros ordenamientos.
Consideró urgente dar respuesta a las y los niños mexicanos, pues en 2012, por ejemplo, se registraron tres millones que trabajaban, tres millones que no iban a la escuela, al menos 95 mil en situación de calle y otros 15 mil migrantes, todos ellos expuestos a vejaciones y violaciones de sus derechos.
Advirtió que el cumplimiento de la ley también es responsabilidad de los legisladores y, en este sentido, convocó a que la brecha entre lo que está escrito en las normas y la realidad sea cada vez menor.
En el mismo tenor, María del Rosario Merlín García, también del GPPRD, demandó investigar por qué hay múltiples programas de educación básica a cargo de las autoridades correspondientes que no dan resultado alguno o los dan muy pobres, como lo dijo el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal.
Se trata –aclaró-- no de anular o desaparecer esos u otros programas necesarios para el desarrollo de la niñez, sino de ver precisamente qué falla y corregir, pues evidentemente los relativos a becas, útiles escolares, lecturas, computación y otros rubros claramente se requieren.