El decreto, que modifica y añade seis artículos de la Constitución, afecta a los funcionarios de los tres niveles de la Administración pública (local, estatal y federal) y obliga además a que todos los sueldos sean hechos públicos.
En presencia de los ministros de Hacienda, Agustín Carstens, Gobernación (Interior), Fernando Gómez Mont, y de la Función Pública, Salvador Vega, Calderón firmó esta mañana el nuevo decreto en la residencia presidencial de Los Pinos.
"No se trata pues únicamente de evitar dispendios sino también de generar ahorros en el gasto corriente del gobierno federal para destinar esos recursos a gastos sociales", sostuvo el mandatario.
A partir de hoy se establece "un tope al sueldo máximo anual de los servidores públicos" tomando como referencia el del presidente de la República, dijo, aunque no cuantificó ese límite.
"Queremos que los funcionarios cuenten con una retribución equitativa y coherente con su función y se eviten abusos en la administración de la remuneración de los servidores", aseguró Calderón.
La medida afecta no sólo al poder Ejecutivo sino también al Legislativo y el Judicial, así como a los órganos constitucionales y locales autónomos de todo el país.
Calderón justificó el decreto porque su país enfrenta "una situación compleja derivada de la crisis económica internacional que ha tenido efectos negativos en la economía y el empleo".
A fines de julio, la Secretaría de Hacienda recortó el presupuesto en unos 6 mil 400 millones de dólares, monto que equivalió al 3.6 por ciento del total.
El jueves se hizo público que en el segundo semestre del año el Producto Interno Bruto (PIB) mexicano se desplomó un 10.4 por ciento, por encima del 8.2 por ciento que lo había hecho de enero a marzo pasados.
Para 2009, el Banco de México (central) prevé una contracción de la economía de entre el 6.5 y el 7.5 por ciento.