China, Rusia, Uzbekistán, Mauritania y Guinea-Bissau se sumaron a la "lista negra" que elabora el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe anual sobre tráfico de personas, y que en su edición relativa a 2012 señala en esa categoría a veintiún países.
Esos países, entre los que se encuentran también Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria, quedan sujetos a posibles sanciones, como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial o la negativa de Estados Unidos a que reciban préstamos de instituciones multilaterales, según dicta la ley estadounidense.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene ahora noventa días para decidir si somete a sanciones a los recién señalados países, algo que parece improbable en el caso de China y Rusia dado su peso estratégico, pero que hoy reclamaron algunos congresistas críticos con el historial de derechos humanos de Pekín.
En 2012, se identificaron alrededor de 46,000 víctimas de entre los 27 millones de personas que siguen retenidas contra su voluntad y forzadas laboral o sexualmente en todo el mundo, según indicó el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, al presentar el informe.
"Este informe es duro porque éste es un asunto difícil, y cuando el mundo lo lea con detenimiento, esperamos que inicie un diálogo más productivo", dijo Kerry.
La "lista negra", la peor categoría de las cuatro que contempla el informe, incluye a Rusia, China, Uzbekistán, Cuba, Siria, Irán, Corea del Norte, Sudán, Libia, Yemen, Arabia Saudí, Argelia, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Kuwait, Papúa Nueva Guinea, Zimbabue, Mauritania y Guinea-Bissau.
Mientras que Venezuela escapó el año pasado a esa categoría para entrar en una lista de vigilancia especial, donde permanece junto a Honduras, Haití y otros países, Cuba vuelve a verse señalada por el Departamento de Estado entre los países que no cumplen.
El gobierno de Raúl Castro "no está haciendo esfuerzos significativos para cumplir con los mínimos estándares" sobre el tráfico de personas, según el informe, que recomienda a La Habana "prohibir el tráfico sexual para todos los menores de 18 años".
En cuanto a China, el informe destaca que Pekín "no ha demostrado esfuerzos significativos para prohibir íntegramente y sancionar todas las formas de tráfico", además de "perpetuar" activamente el tráfico "en al menos 320 instituciones estatales mientras que ayudaba a víctimas en sólo 7".
"Dado que el gobierno proporciona tan poca información sobre arrestos o procesos judiciales, es difícil determinar si ha tomado pasos adecuados para castigar a los funcionarios gubernamentales cómplices del tráfico", apunta el documento.
En Rusia, el Departamento de Estado lamenta que durante 2012, el gobierno "no tenía ningún mecanismo formal de identificación de víctimas" e hizo "mínimos esfuerzos para identificar o preocuparse por el gran número de trabajadores migrantes vulnerables a la explotación laboral".
Rusia y China permanecieron nueve años en la lista de vigilancia antes de ser rebajados a la categoría de "lista negra" ante la falta de avances claros, siguiendo las reglas de la ley de Estados Unidos sobre víctimas de tráfico de personas, que obliga a elaborar el informe.
De los 188 países que examina el documento, sólo 30 cumplen con los mínimos estándares establecidos por la ONU para combatir la trata de personas, según el Departamento de Estado.
Entre ellos se encuentra el propio Estados Unidos, pese a ser "fuente, tránsito y destino" de víctimas de tráfico de personas, y pese a que persistieron los informes de "empleados domésticos sometidos a trabajos forzados por misiones diplomáticas extranjeras" o la prostitución forzada de niñas indígenas.
Los países de los que proceden la mayoría de víctimas de tráfico de personas en Estados Unidos son, por este orden, México, Tailandia, Filipinas, Honduras, Indonesia y Guatemala.
España también aparece en el informe dentro de la categoría de gobiernos que "cumplen plenamente" con su deber en esta materia, pese a que en 2012 "no emitió condenas a ningún responsable por trabajos forzados" y sus servicios para las víctimas infantiles siguen siendo "inadecuados".