Propusieron destinar recursos a un fondo de reconstrucción para atender a los damnificados e infraestructura afectada por los sismos, y diseñar programas preventivos de desastres.
Los legisladores afirmaron que es necesario redireccionar los recursos presupuestales a áreas estratégicas, como las mujeres, educación y protección civil, así como “evitar enriquecer y avalar la corrupción de las autoridades”.
En la primera ronda de preguntas y respuestas, el diputado Federico Escobedo Miramontes (PES) cuestionó sobre el reto pensionario y el impacto en las finanzas públicas. ¿La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha considerado trazar una ruta viable para que en el largo plazo los presupuestos de egresos dejen de ser afectados por la excesiva erogación del sistema de pensiones, al cual se pretende destinar 794,000 millones de pesos el año próximo?
El diputado Gonzalo Guízar Valladares (PES) hizo votos para que los siete pesos de cada 10 que se destinaran a programas estratégicos “no vayan con una idea de clientelismo electoral, porque no es coincidencia que el próximo año haya elecciones”. Señaló que el Fondo de Apoyo a Migrantes viene en ceros en la propuesta de gasto 2018.
Por Nueva Alianza, el legislador Jesús Rafael Méndez Salas sugirió realizar reasignaciones presupuestales para fortalecer los programas que inciden en la calidad educativa, con base en las evaluaciones de Coneval, del Sistema de Evaluación al Desempeño que realiza la Secretaría de Hacienda, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, y la opinión de investigadores y ciudadanía.
Preguntó si la Secretaría de Hacienda contempla recursos suficientes para la reconstrucción de las escuelas públicas afectadas por los sismos de septiembre y si el programa Escuelas al Cien tendrá alguna modificación en las entidades federativas que sufrieron esa catástrofe. ¿Bajo qué argumento se asignan incrementos en términos reales a programas administrativos que no son sustanciales para la función educativa?
La diputada de Movimiento Ciudadano, María Elena Orantes López, cuestionó que en el proyecto de Presupuesto 2018 los programas preventivos de desastres tengan “cero pesos”. Resaltó la necesidad de reformar la Ley de Coordinación Fiscal para considerar prioritariamente la protección civil como herramienta de bienestar social. Solicitó un aumento presupuestal para 2018 al Fonden y del Fopreden similar a lo etiquetado en 2016, que considere un fondo de desastres y prevención que contemple los escenarios más difíciles.
Sobre los programas de género, consideró inaceptable el recorte al Anexo 13 para albergues, salud de las mujeres y establecer alertas, cuando cada día hay más violencia en su contra. El 52 por ciento de la población, las mujeres de México piden una explicación por esta merma, apuntó. “El gobierno federal sostiene que hay finanzas públicas sanas, pero hay finanzas familiares enfermas”.
Por el PVEM, la legisladora Adriana Sarur Torre preguntó sobre la cotización del peso frente al dólar. ¿Por qué se depreció el peso el año pasado? ¿Por qué se ha bajado el tipo de cambio en los últimos meses? y, ¿qué señal ha dado sobre la economía?
Es un tema que preocupa a los mexicanos porque cuando el peso se debilita se abre la posibilidad de que se transforme en mayores precios en los productos que se consumen, agregó.
El diputado Alejandro Armenta Mier (Morena) cuestionó al funcionario por qué a pesar de tener en el 2017 el Presupuesto más alto en la historia ¿cómo es que los resultados económicos son los peores y la deuda interna ya es de 10 billones de pesos? y para qué destinar más del 60 por ciento de los recursos extraordinarios a fideicomisos públicos a los estados de Puebla y de México, entidades donde se registra un alto financiamiento político-electoral.
Agregó que aún cuando el 50 por ciento de los ciudadanos son pobres, debido a la mala distribución de la riqueza, con los sectores primario y secundario abandonados, no es adecuado que los recursos extraordinarios recaudados se inviertan en fideicomisos para enriquecer y avalar la corrupción de las autoridades.
El diputado perredista Waldo Fernández González apuntó que al comparar el monto de 466,000 millones de pesos de endeudamiento solicitado, en la Ley de Ingresos se encuentra un diferencial de 66 mil 528 millones de pesos, el cual podría ser empleado en un fondo de reconstrucción para atender a los damnificados de los sismos del pasado mes de septiembre, sin necesidad de afectar el presupuesto de las dependencias y entidades más importantes de la administración pública federal.
Consideró que se tiene una oportunidad ética y moral de reconstruir no solamente en materia de infraestructura, sino del sistema político, a través de la transparencia. “No caigamos en la posibilidad o provocación de que los fondos de reconstrucción no se hagan de manera transparente. Entendamos que muchos ciudadanos están aportando sus recursos con la intención de formar un mejor país”.
El legislador panista Herminio Corral Estrada afirmó que el actual gobierno no se ajusta el cinturón, por el contrario, gasta más y muy mal; por ello, solicitó al secretario de Hacienda explicar “¿por qué si los registros al gasto indican que éste aumento en 2015 y 2016, la inversión pública disminuyó entre 11.8 y 9 por ciento respectivamente? ¿Cómo pretenden reducir el déficit fiscal? ¿Cuál es la razón que el gobierno federal apuesta más a la retención del capital extranjero y no a la atracción de inversión?”
“Resulta inadmisible que ante las diversas necesidades que tiene nuestra nación, como el combate a la pobreza, el apoyo a pueblos indígenas que cada año tienen menor presupuesto, el gobierno sea capaz de gastar 26 millones de pesos diarios para promover la imagen y el trabajo que no se ha hecho bien, por lo que es fundamental revisar la Ley de Ingresos para valorar que los excedentes se redireccionen”.
El diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (PRI) añadió que los indicadores de crecimiento y generación de empleo son claros. “No hay ninguna duda: México crece bien y mejor incluso que las economías avanzadas; por ello, planteó la necesidad de entender cómo se relaciona la calificación de la deuda soberana con las perspectivas del crecimiento del país y cuál la importancia para todas las familias”.
Por su parte, su correligionaria, la diputada Mariana Benítez Tiburcio, sostuvo que el manejo responsable de las finanzas públicas y la rápida reacción de las autoridades a los choques negativos del exterior, han sido elementos cruciales para obtener calificaciones en niveles por encima del mínimo requerido para tener un grado de inversión.