"El Departamento de Estado lamenta la decisión de Texas de continuar con la ejecución de Tamayo sin la revisión y reconsideración" exigidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el denominado "fallo Avena", dijo la portavoz alterna Marie Harf.
En sentencia, la corte de La Haya determinó en 2004 que Estados Unidos debía revisar las condenas a muerte de un total de 51 mexicanos, incluido Tamayo, por haber violado su derecho a asistencia consular garantizado por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de la que el país norteamericano es signatario.
Pese a que tanto el gobierno de México como organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el propio gobierno federal estadounidense habían hecho los últimos tiempos intensos esfuerzos para detener la ejecución de Tamayo, Texas llevó a cabo la sentencia por inyección letal la pasada noche, después de que los abogados del mexicano agotaran todos los recursos legales, incluido un recurso de último minuto ante la Corte Suprema que ésta rechazó.
El temor de Washington es que la ejecución de Tamayo Arias pueda crear un peligroso precedente, sobre todo porque es el tercer mexicano beneficiado por la decisión de la CIJ que es ejecutado en Estados Unidos en los últimos años. El razonamiento: si Estados Unidos no cumple el derecho a asistencia consular contemplado en la Convención de Viena, ello podría llevar a otros países a denegar este derecho a los ciudadanos estadounidenses detenidos en el extranjero.
"El cumplimiento de Estados con nuestras obligaciones internacionales bajo el fallo Avena es clava para poder garantizar acceso consular y asistencia a nuestros propios ciudadanos arrestados o detenidos por gobiernos extranjeros", recordó hoy Harf al respecto.
Asimismo, es fundamental para "mantener la cooperación de gobiernos extranjeros en un amplio espectro de cuestiones de implementación de la ley y otras materias", agregó.
En su comunicado, el Departamento de Estado aprovechó para instar al Congreso a aprobar la propuesta de ley pendiente que impediría situaciones como la creada por Texas, la "Ley de Cumplimiento de Notificación Consular".
De convertirse en ley, "le proporcionaría a Estados Unidos un mecanismo adicional para estar a la altura de nuestras obligaciones internacionales", subrayó Harf.
Tras agotar todos los recursos legales, Tamayo, de 46 años y condenado a muerte por el asesinato de un policía en Houston en 1994, fue declarado muerto la noche del miércoles a las 21:32 (03:32 GMT del jueves) tras recibir una inyección letal en la "cámara de la muerte" de la cárcel de Huntsville, Texas.
En una primera reacción, el gobierno mexicano renovó su llamado a que "se tomen acciones efectivas" para evitar que ocurran nuevos casos que contravengan el "fallo Avena", en referencia entre otros a la ley que el gobierno de Obama también está intentando que apruebe el Congreso. (DPA)