"Como ciudadano privado sin un cargo oficial en un Gobierno por más de diez años no hay un propósito legítimo en su intento de obtener la inmunidad por responsabilidad legal", señaló en declaraciones a Efe Roger Kobert, uno de los abogados de la acusación.
Los abogados de Zedillo presentaron el viernes una petición ante un tribunal federal que sigue el caso en Connecticut (EE.UU.) para desestimar la demanda presentada el pasado 19 de septiembre por una decena de familiares de las víctimas.
La defensa de Zedillo, que fue presidente de México entre 1994 y 2000, considera que las acusaciones de que fuera cómplice de alguna manera del suceso son "infundadas" e "injuriosas" y subraya que el exmandatario es inmune a cualquier demanda por acciones que sucedieron durante el periodo de su presidencia.
Kobert lamentó que Zedillo esté "huyendo de su responsabilidad por esta gran tragedia" y en vez de enfrentarse a los demandantes trate de "ocultarse detrás de un tecnicismo legal".
Por otra parte, consideró que la defensa ha utilizado la petición "indebidamente" como plataforma para declarar su inocencia y señaló que una declaración así es "inapropiada" en esta etapa del proceso.
El pasado 19 de septiembre la firma de abogados Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess puso en nombre de un grupo de familiares de las víctimas una demanda en una corte de Connecticut (EE.UU.), donde Zedillo es ahora profesor en la Universidad de Yale.
El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraba en la comunidad de Acteal, en el sureño estado de Chiapas, fue atacado por otro grupo de indígenas vinculado con grupos paramilitares que mataron 45 personas, entre ellas 15 niños.
La matanza se produjo en la época de enfrentamiento entre la guerrilla del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno.
En Acteal se habían concentrado indígenas tzotziles de las comunidades de Tzajalum, Chimix y Quextic, que huyeron de sus hogares a raíz de la violencia entre simpatizantes de la guerrilla y los grupos armados priístas.
La tragedia forzó la renuncia del entonces secretario de Gobernación (ministro del Interior), Emilio Chuayfett, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, a quien algunos consideran el inductor de la masacre. Ambos pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Para muchas organizaciones no gubernamentales, aquellos hechos constituyeron un "crimen de Estado" del que acusan como responsables últimos a Ruiz Ferro y a Zedillo, el último presidente del PRI, partido que gobernó México de forma ininterrumpida entre 1929 y 2000.
Según la demanda, en los años siguientes a la matanza, Zedillo supuestamente conspiró con el entonces Procurador General (fiscal), Jorge Madrazo Cuéllar, para "encubrir" su presunta responsabilidad.
No obstante, la defensa de Zedillo rechaza que la tragedia fuera una conspiración elaborada por el gobierno federal Mexicano, dirigida por Zedillo, y recuerda que el mandatario heredó el conflicto de Chiapas del Gobierno precedente.
Los demandantes reclaman 50 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.
