Revisar el catálogo de las atribuciones de las Fuerzas Armadas cuando deban salir a las calles, es la oportunidad de discutir los límites que deben tener cuando intervengan en caso que haya afectaciones a la seguridad interior, añadió.
Sin embargo, Fernández aclaró que el caso del fuero militar no es un tema que sea materia de la Ley de Seguridad Nacional, y convocó al Senado a discutir las reformas al Código de Justicia Militar que envió el Ejecutivo federal.
“Es una carta puesta en la mesa para empezar la discusión en materia de fuero militar que no puede esperar, para abordar en forma integral, inteligente, creativa y de forma institucional la discusión en materia de fuero militar”, insistió.
Al participar en el foro “Importancia de la seguridad nacional en el marco de una sociedad democrática”, dijo que el Ejército y la Armada deben tener atribuciones concretas cuando intervengan en la lucha contra el crimen organizado en las calles.
El subsecretario de Enlace Legislativo de la Segob también demandó establecer en dicha ley, que analiza la Cámara de Diputados, que antes de pedir la intervención de las Fuerzas Armadas se emita una declaratoria de afectación a la seguridad interior.
Detalló que la Secretaría de Gobernación (Segob) deberá informar a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de esta declaratoria, que luego será enviada al Ejecutivo federal, que determinará si la firma, y si es así, sería publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Fernández se pronunció en contra de que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra el crimen organizado pues “no son para eso”, a menos que éste “haya infiltrado o debilitado de tal modo a la autoridad civil que ésta no pueda hacer su trabajo”.
Precisó que este tema no ha sido incluido en la Ley de Seguridad Nacional, la cual también debe incluir que la solicitud de declaratoria no proceda cuando “tenga relación con movimientos políticos electorales o sociales”.
También solicitó incluir que la información que se recabe en materia de funciones de contrainteligencia e inteligencia no tengan valor probatorio, para que ningún mexicano pueda ser llevado a tribunales con base en dichos resultados.
“Este último principio de no judicialización de la información tampoco está en la minuta que estudia la Cámara de Diputados”, a pesar de que para el gobierno federal es un mecanismo de garantía para los derechos humanos, agregó.
Además, el Ejecutivo federal planteó que la intervención de comunicaciones “que debería tener cualquier instancia de seguridad nacional en cualquier país del mundo”, sea con base en “una autorización judicial, no de oficio”, subrayó.
De igual manera, Fernández Aceves afirmó que la suspensión de las garantías individuales no es materia de la Ley de Seguridad Nacional, y que toca al Congreso emitir una ley especial de cuándo procede suspender dichos derechos.
