Credibilidad y confianza en el Poder Judicial, meta prioritaria de la consolidación democrática: Luna Ramos

La credibilidad y confianza en el Poder Judicial constituyen una meta prioritaria de la consolidación democrática nacional, ya que sólo a través de ellos el ciudadano podrá tener la certeza de que sus derechos están realmente protegidos, aseguró José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al dictar una conferencia magistral en el marco del IV Congreso Internacional de Argumentación Jurídica: La Justiciabilidad en los Derechos Electorales, realizado en el Auditorio “José Luis de la Peza” de la Sala Superior, dijo que en una cultura de la transparencia y del acceso eficaz a la justicia es imprescindible el empleo de argumentos claros y fuertes que respalden el sentido de las resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales.

En el evento, que contó con la presencia del filósofo del Derecho, Robert Alexei, el Magistrado Presidente indicó que la calidad de las sentencias baja cuando son configuradas a través de formatos preestablecidos, cuando se han transcrito los antecedentes de todo el procedimiento, se citan jurisprudencias indiscriminadamente sin relacionarlas con el caso que se resuelve, o cuando se realiza una redacción deficiente.

Para subsanar esa deficiencia, apuntó Luna Ramos, el juzgador debe depurar, mejorar o perfeccionar, en su caso, las técnicas y habilidades argumentativas, sobre todo “si consideramos que la sentencia es un documento escrito en el que, por mandato constitucional, estamos obligados a incluir necesariamente una serie de razonamientos que lo motiven y fundamenten, los que pueden ser calificados como buenos, regulares, malos, persuasivos, plausibles o reprochables”.

Frente al auditorio integrado por estudiantes, servidores públicos de órganos electorales y académicos, el Magistrado hizo un recuento de las sentencias más relevantes en las que la Sala Superior aplicó tratados internacionales y, a través de su interpretación, maximizó los derechos fundamentales de grupos vulnerables como los integrantes de comunidades indígenas y las mujeres, además de que potencializó el ejercicio de la libertad de expresión.