Dijo que el derecho es la base de la convivencia entre particulares, estructura al Estado y protege a las personas frente al poder público, mientras que "el juicio de amparo ha sido y es el principal instrumento de defensa de los derechos que las personas tienen para protegerse de los actos de la autoridad".
Así, indicó, "hoy se renueva y revitaliza cuando centra su atención en el ser humano, su dignidad y los derechos que les son inherentes". Además, agregó el Titular del Ejecutivo, hoy, después de 172 años de creado el amparo, "se revitaliza el instrumento de control constitucional más importante de nuestro sistema jurídico".
Explicó que cuando una legislación es rebasada por el avance colectivo es indispensable actualizarla, ponerla en sintonía con las nuevas necesidades sociales y con los estándares internacionales. "Éste es el espíritu detrás de la expedición de la nueva Ley de Amparo, que al colocar al ser humano y sus derechos como causa y fin, da un nuevo aliento a una de las más destacadas aportaciones mexicanas al mundo jurídico".
Al hacer un recuento del trabajo que hay detrás de este ordenamiento, señaló, "es justo decir que la nueva Ley de Amparo es un mérito de todo el Estado mexicano. Es una muestra más de que México se está transformando para contar con más y mejores instituciones, que nos permitan consolidar el Estado constitucional y democrático, de derecho, que todos anhelamos".
Entre los cambios que se concretan en la nueva Ley de Amparo, el Presidente de la República destacó que, primero, se amplía la esfera de protección a los derechos. En adelante, dijo, el juicio de amparo procederá en contra de normas generales, actos y omisiones, por parte de los poderes públicos o de particulares en funciones equivalentes a las de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte.
Con ello, en México los derechos humanos previstos en los tratados internacionales serán objeto de protección directa, y se otorga la calidad de parte agraviada a quien tenga un interés legítimo, no necesariamente jurídico, siempre que la norma, acto y omisión reclamados violen sus derechos humanos.
Asimismo, se dota de efectos generales a las sentencias de amparo que culminen en la declaratoria de inconstitucionalidad en la norma general, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En materia de suspensión del acto reclamado, se obliga al órgano jurisdiccional a hacer un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés nacional, con el propósito de que no se otorguen suspensiones que causen más perjuicios sociales, que beneficios para el quejoso.
Adicionalmente, se eleva la eficacia de la justicia mexicana, al establecer la obligación de los tribunales de fijar en las sentencias de amparo directo los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución y, acorde con los nuevos tiempos, las promociones ya podrán efectuarse en línea, mediante el uso de la firma electrónica, lo que reducirá tiempos y costos en el acceso y administración de la justicia.
Al respecto, el Ejecutivo Federal estableció que "otra innovación que fortalece la eficacia y, sobre todo, la adecuada interacción entre los Poderes, es que se otorga la facultad excepcional al Ejecutivo y Legislativo Federales para solicitar a la Suprema Corte de Justicia la resolución prioritaria de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos, cuando se justifique la urgencia por interés social o para mantener el orden público".
En suma, expresó, "corresponde a todas las autoridades del país, hacer de la justicia, la legalidad y el respeto a los Derechos Humanos, una práctica efectiva en nuestro actuar cotidiano".
Afirmó que "con un ánimo renovador y en colaboración con las principales fuerzas políticas y con las organizaciones de la sociedad civil, seguiremos avanzando y seguiremos buscando los acuerdos que nos permitan transformar a México, en una auténtica sociedad de derechos".