Al hablar en un foro del Consejo de las Américas, Vargas sostuvo que la amenaza implica una mayor responsabilidad en la prevención, aunque confió en que hay condiciones para tener elecciones con apego al estado de derecho.
La preocupación radica, destacó, en la “posibilidad de la captura del Estado (por) las bandas criminales en su papel de ir alcanzado, ocupando espacios de poder público”.
“Lo que está en juego y lo que nos corresponde como autoridades del Estado mexicano, es evitar esa captura”, enfatizó el funcionario.
“Digo la captura, porque en el momento que hay una infiltración de estas bandas criminales a las estructuras del poder, desde el punto de vista de la Fiscalía, se trastoca la esencia misma de la democracia”, remató.
Las elecciones de julio de 2012 pondrán en juego la renovación de más de dos mil cargos de elección popular en México, además de 15 gubernaturas y órganos legislativos.
Vargas dijo que “es necesario tener un pacto de Estado, propiciado por el ejecutivo y secundado por los partidos para entender que es un tema de la mayor relevancia que no se debe utilizar políticamente (...). El pacto debe ser la no utilización política de estos temas”.
Pese a la amenaza, señaló que en México es prácticamente “imposible que alguien pueda alterar un resultado electoral de manera masiva por la serie de candados que tiene nuestro sistema y la confiabilidad y la vigilancia que existe hacia ese sistema”.
En tal sentido, ejemplificó que las últimas siete elecciones estatales se han conducido con “normalidad democrática”, incluida la elección a la gubernatura de Michoacán.
“Hasta la instancia que se ha llegado, es una elección que se puede considerar válida”, comentó sobre los comicios michoacanos, aunque aclaró que aún existen varios recursos legales posibles.
En una amplia radiografía de la situación electoral de México, Vargas señaló que a nivel nacional subsisten problemas como la compra y coacción del voto y la utilización de programas y recursos públicos para fines electorales.
En un recuento de las acciones de la Fepade, a 17 años de su creación, Vargas señaló que un 60 por ciento de los delitos electorales son atribuibles al PRI, un 23 por ciento al PAN y un 17 por ciento al PRD y otros partidos de izquierda.
Pero aclaró que las cifras deben contrastarse con el hecho de que el PRI tiene el 50 por ciento de la representación popular, el PAN el 34 por ciento y el PRD el 11 por ciento.
“Prácticamente hay una simetría entre las conductas delictivas de los partidos y la fuerza política que tienen”, señaló.
Vargas mencionó el reciente fenómeno denominado “turismo electoral”, consistente en un cambio de domicilio masivo de ciudadanos de un estado a otro para beneficiar a un partido y alterar un resultado en comicios.
Al foro del Consejo de las Américas asistieron académicos, analistas y un representante del Departamento de Estado.