El Pleno de la Comisión Federal de Competencia confirmó sanciones por un total de 920 mil pesos a dos organizaciones de productores y comercializadores de tortillas, así como a sus presidentes y a dos funcionarios públicos municipales de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por la comisión de prácticas monopólicas absolutas en la producción, distribución y comercialización de tortilla.
Los agentes económicos y funcionarios públicos sancionados firmaron un acuerdo por el cual dividieron el municipio en cuadrantes para la venta de tortillas. En cada una de las cuatro zonas, el acuerdo establecía derechos de exclusividad para la venta de tortillas a domicilio mediante vehículos motorizados. Los agentes económicos debían tramitar un tarjetón ante la Dirección de Fomento Económico del Ayuntamiento para acreditar sus vehículos en determinado cuadrante, y la violación al acuerdo podía sancionarse con el retiro del tarjetón. Los repartidores se identificaban con uniformes de colores, conforme al cuadrante al que pertenecían.
Con este acuerdo, se obligaba a los consumidores a recurrir al agente económico que gozara de exclusividad en determinada zona del municipio de Tuxtla Gutiérrez, en lugar de beneficiarse de la competencia entre varios proveedores.
Lo anterior resulta violatorio a la fracción III del artículo 9 de la Ley de Competencia, que prohíbe a los agentes económicos competidores entre sí “dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado (mediante) espacios determinados”.
En consecuencia, el Pleno de la CFC ordenó a las organizaciones e individuos involucrados cesar la práctica y les impuso multas por un total de 920 mil pesos.
La decisión del Pleno fue unánime respecto a la responsabilidad y sanción de las uniones de productores y comercializadores de tortillas. El Comisionado Miguel Flores Bernés consideró que, por tratarse de servidores públicos, no debió imponerse una sanción a los funcionarios municipales. El Comisionado Luis Alberto Ibarra Pardo se excusó de participar por estar impedido conforme al artículo 40, fracciones II, VI y último párrafo del Reglamento Interior de la CFC.
La resolución de la CFC corresponde a un recurso de reconsideración interpuesto por los sancionados. En consecuencia, esta decisión es final y ya no puede ser reclamada ante la Comisión u otra autoridad administrativa.