En un punto de acuerdo presentado por la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Itzel Ríos de la Mora, se recordó que a partir del 21 de agosto de 2010, compete a las autoridades locales conocer y ejecutar sanciones y medidas de los delitos en materia de narcomenudeo.
Sin embargo, afirmó, “Colima no ha recibido aportación económica alguna por parte del gobierno federal para enfrentar esa tarea”.
Manifestó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que a partir de la mencionada fecha, se encuentra vigente la competencia de las autoridades estatales del ramo para conocer de los delitos de narcomenudeo.
Expuso que esto “significa que esas actividades se desempeñan con recursos ya asignados para el rubro de la seguridad y con los del Poder Judicial del Estado, y que resultan insuficientes”.
Ante ello, el Congreso del estado estimó importante exhortar al titular del Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, destinen una partida presupuestal a las entidades federativas, a efecto de que se pueda cumplir en su totalidad esa tarea.
Ríos de la Mora expresó que el decreto número 211, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009 reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, cuyo paquete de modificaciones se conoce comúnmente como “ley contra el narcomenudeo”.
Indicó que ese decreto confiere a las entidades federativas competencia y atribuciones para coadyuvar con la federación en el combate de algunos delitos federales que sean considerados por la Constitución General de la República como materias concurrentes entre los órdenes federal y local, mediante su correspondiente persecución, investigación y sanción.
Resaltó que el delito relativo a narcomenudeo actualmente es conocido por el Ministerio Público del fuero común y por el Poder Judicial del estado, por lo que el Congreso adecuó las normas locales a la realidad y a las acciones que vienen desempeñando las autoridades encargadas de administrar e impartir justicia.
