México confía en obtener nuevas pistas tras arresto de alcalde

La detención del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa por la desaparición de 43 estudiantes en México abre la puerta a nuevas pistas para dar con los jóvenes, dijeron hoy las autoridades, aunque familiares afirmaron que es muy pronto para considerarla una victoria.

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El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez.

"El triunfo realmente va a ser cuando yo ya vea a mi hijo", dijo a la televisión Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez, uno de los estudiantes buscados sin éxito en el sureño estado de Guerrero desde el 26 de septiembre, cuando fueron desaparecidos por policías municipales y criminales.

Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron arrestados por la policía federal la madrugada del martes en una casa en el barrio de Iztapalapa, uno de los más poblados y populosos de la Ciudad de México, que supuestamente habían rentado.

El arresto fue confirmado por el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo. "La detención de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda es parte de las investigaciones para localizar a los 43 estudiantes", informó en su cuenta de Twitter.

Las imágenes difundidas por medios locales muestran una edificación pobre de una planta con portón blanco, descascarado en la parte de la cerradura, y con paredes en cemento sin pintar, que está marcada con el número 27 de la calle Jalisco, aunque las autoridades no han confirmado que se trate de esa casa.

El gobernador interino del estado de Guerrero, Rogelio Ortega, dijo en una entrevista con el noticiero de Televisa que el arresto de la pareja, que llevaba más de un mes prófuga, "es un triunfo, indiscutiblemente".

"La captura del señor Abarca representa la posibilidad de encontrar pistas sustantivas sobre cómo se dieron los acontecimientos de los lamentables sucesos y la búsqueda más precisa que nos conduzca a encontrar con vida a los 43 normalistas", afirmó.

También el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, confió en una entrevista que sus declaraciones "puedan aportar datos importantes y fundamentales" que lleven al paradero de los estudiantes.

La desaparición de los jóvenes ocurrió en Iguala, una ciudad de 140,000 habitantes situada 200 kilómetros al sur de Ciudad de México, después de que los estudiantes se apoderaran de varios autobuses para trasladarse y fueran atacados por policías.

Abarca presuntamente dio la orden de que fueran interceptados, por temor a que irrumpieran en un acto de su esposa, y la policía los atacó a tiros con el resultado de seis muertos, 25 heridos y los desaparecidos.

Hasta ahora hay 56 detenidos, algunos de los cuales han afirmado que los estudiantes fueron entregados por los policías al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinó. Y aunque hay más de 10,000 efectivos federales y peritos buscando a los jóvenes, la búsqueda no ha conducido a ningún resultado.

Las autoridades han encontrado 38 cadáveres en fosas clandestinas en un cerro cerca de Iguala, pero los análisis de ADN que se hicieron hasta ahora para corroborar si se trataba de los estudiantes dieron negativo y se está a la espera de resultados de un equipo independiente de peritos argentinos.

Abarca enfrentaba órdenes de aprehensión por homicidio de seis personas y homicidio en grado de tentativa en el caso de los estudiantes, asó como por asesinato de un líder social en 2013.

El alcalde, de 53 años, es de acuerdo con las investigaciones el que ordenó interceptar a los estudiantes de la Escuela Normal Rural para maestros "Raúl Isidro Burgos", una internado para estudiantes del magisterio de comunidades pobres de Guerrero.

Su esposa, María de los Ángeles Pineda, es acusada de ser una de los principales operadores del cártel Guerreros Unidos. Su familia está relacionada con el cártel de los Beltrán Leyva, del que surgieron los Guerreros Unidos como una escisión.

A pesar de la desconfianza y la desesperación que tienen las familias con las investigaciones llevadas adelante hasta ahora, el portavoz de los padres, Felipe de la Cruz, consideró que los arrestos eran "la pieza que faltaba" y dijo que surge "una esperanza más" de poder encontrar a los jóvenes con vida.

Según la versión de la fiscalía, lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala fue "una represión violenta" por parte de los policías de Iguala y de la vecina ciudad de Cocula, dirigidos por un grupo delincuencial, "con la intención de disuadir a un grupo de personas a hacer presencia en el evento que el alcalde y su esposa estaban realizando esa noche en Iguala".

Antes de ser alcalde de Iguala, cargo que asumió en septiembre de 2012, Abarca había sido investigado por delincuencia organizada pero los expedientes se cerraron porque no se encontraron pruebas en su contra. El alcalde era buscado con apoyo de Interpol. (DPA)