Jan Jarab, Representante de la ONU-DH, aseveró que “la trágica situación actual es inadmisible y requiere una respuesta pronta y adecuada que provea a las personas afectadas de la seguridad necesaria, una ayuda humanitaria inmediata y culturalmente adecuada, así como la generación de todas las condiciones necesarias para garantizar un retorno seguro a sus hogares, proveyéndoles también de protección en los mismos.”
Además, es necesario lograr una solución integral y duradera que ponga en el centro los problemas estructurales que han dado origen al desplazamiento interno forzado y la solución de los conflictos que enfrentan estas comunidades. Asimismo, este proceso debería contar con el apoyo y la mediación de las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil relevantes, para poner fin a las tensiones entre las comunidades y asegurar que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.
Durante su visita al país el mes pasado, la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sra. Victoria Tauli-Corpuz, recibió información sobre el caso y al término de su misión aludió la situación de las personas desplazadas forzosamente e hizo un llamado al estado a tomar “acciones urgentes, de acuerdo con los estándares internacionales, incluidos los Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno, para garantizar que todas las personas desplazadas internas indígenas tengan el derecho a un adecuado nivel de vida. Esto incluye servicios básicos culturalmente adecuados”. Del mismo modo, resaltó la obligación del Estado mexicano “de crear las condiciones y proporcionar los medios que permit[a]n a los desplazados internos indígenas el retorno voluntario, con seguridad y dignidad”.
“La situación en Chiapas es una muestra de una problemática más amplia. El Estado mexicano debe reconocer el fenómeno de desplazamiento forzado interno y atenderlo de manera estructural, tomando en consideración los diferentes orígenes y consecuencias que cada caso pueda plantear, dando una respuesta institucional y normativa a la problemática y aceptando así su responsabilidad en este tipo de situaciones, tal y como también lo ha señalado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, añadió el Sr. Jarab.
Asimismo, la ONU-DH hace un llamado para que las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso sean cumplidas.
La ONU-DH reitera su disposición y apoyo técnico al Estado mexicano para asegurar la resolución de esta tragedia.