El Código Penal del estado de Nuevo León, sigue sin contener el delito de desaparición forzada, pese a la gran cantidad de casos de personas desaparecidas en la entidad, y a los avances realizados en 2011 para tipificar el delito, donde se discutió entre diversas instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil la propuesta que se encuentra hoy varada en el Congreso del estado.
Nuevo León, luego de la aguda violencia que se ha vivido en el último par de años, se ha colocado en el segundo lugar de los estados de la República Mexicana con mayor violencia. En 2011 tuvimos un promedio de 5 personas asesinadas por día, es decir, una ejecución cada cuatro o cinco horas, lo cual refleja el alto grado de violencia en que nos encontramos. Aunado a ello las desapariciones son un foco de atención, donde el Congreso de Nuevo León simplemente no está prestando la importancia que se requiere.
Tan solo en Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADHAC, durante 2011 registramos 114 casos de desapariciones, los cuales implican un número aproximado de 800 personas desaparecidas. En un alto porcentaje, esos casos encuadran en el delito de desaparición forzada que aún no es aprobado, ya que en el 35% de estos casos la desaparición ha sido claramente perpetuada por elementos gubernamentales, ya sea marina, militares o policías, mientras que en los casos restantes existen actuaciones u omisiones de las autoridades que les enmarcan en el delito señalado.
La desaparición forzada -cometida o favorecida en definición por agentes gubernamentales-, es una grave violación a los derechos humanos, que ha sido reconocida como tal por el Estado Mexicano al firmar importantes leyes internacionales en la materia, como la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, entre otras.
Estos instrumentos internacionales establecen la obligación de reconocer el delito en las legislaciones locales de aquellos países que las suscriben. Asimismo se señala que el delito debe ser autónomo, y se caracteriza por contener al menos tres elementos concurrentes que deben estar presentes: a) privación de libertad contra la voluntad de la persona; b) intervención de agentes estatales, al menos indirectamente por asentimiento, y c) negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona.
La desaparición forzada por tanto -y en una realidad como la que actualmente tiene el estado de Nuevo León-, urge sea tipificada. CADHAC en el mes de mayo de 2011 introdujo una propuesta para la tipificación de dicho delito, posteriormente la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso generó Mesas de Trabajo, donde confluyeron las diferentes bancadas del Congreso, diversas instituciones de los tres poderes de gobierno, sociedad civil y la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, a fin de discutir y enriquecer la propuesta. Este trabajo fue excelentemente realizado, quedando en el mes de octubre una propuesta final para su aprobación, sin embargo terminó el período ordinario de sesiones y esta propuesta no fue aprobada.
En este mes de enero de 2012 demandamos que la propuesta sea colocada en el pleno y discutida para su aprobación dentro del Período Extraordinario de Sesiones, que inicia actividades este mismo mes.
Frente a tanta violencia cada espacio debe hacer lo que le corresponde para favorecer un mejor entorno; así, en lo que respecta al Congreso de Nuevo León, toca favorecer, con la aprobación del delito, la búsqueda de la verdad y la justicia en los innumerables casos de desaparición.
La realidad lo exige, mientras que los acuerdos internacionales obligan al gobierno a su tipificación. Sobre ello estamos.
Hna. Consuelo Morales E. / Voces Ciudadana
Fuente: Movimiento por la Paz