Ello, subrayó, porque todos los impartidores de justicia tienen la misión esencial de contribuir a la paz social y a la sana interacción entre los individuos y grupos de la comunidad.
Reconoció el trabajo legislativo porque las recientes reformas a la Ley Orgánica del Tribunal dieron un nuevo rostro a la impartición de justicia en materia contenciosa y administrativa.
Ahora el gran reto, dijo, es que cada uno de los juzgadores es que la garantía constitucional de justicia pronta y expedita se eleve a su máxima expresión, pues no basta que un juzgador resuelva dentro de los plazos que fijen las leyes sino que debe hacerlo del modo más ágil y veloz posible.
Esto, porque el litigio es el último recurso que tienen los particulares para arreglar sus diferencias, destacó Jiménez Illescas.