En la sala de juntas de Casa de Gobierno, el mandatario estatal, acompañado del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rafael García Rincón y del secretario General de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, reconoció el trabajo de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) y el respaldo de este organismo.
Ante funcionarios de la SETEC, miembros de la comisión implementadora, titulares de las autoridades operadoras, secretarios de estado y directores del Gobierno del Estado, el titular del Ejecutivo instruyó a los integrantes de su gabinete a realizar un análisis para definir las necesidades financieras para la infraestructura, equipamiento y operación del nuevo Sistema de Justicia Penal en el estado, además de enfatizar que cada dependencia debe realizar su trabajo en este proceso.
En esta reunión de trabajo, en donde se dio a conocer el plan de trabajo para la adecuada implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Colima, el director general adjunto de Enlace Técnico de la SETEC, Carlos Díaz Abrego señaló que para esta dependencia federal es muy importante trabajar coordinadamente con el Gobierno del Estado y los operadores en este procedimiento de justicia penal que se implementará a nivel nacional.
En este contexto, el secretario ejecutivo de la Comisión Implementadora Colima, Rigoberto Suárez Bravo informó sobre la priorización de los proyectos 2014 que se presentarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro del Programa “Plan Estratégico de Infraestructura”.
A su vez, el secretario de Finanzas y Administración, Clemente Mendoza Martínez explicó los mecanismos de financiamiento para la obtención de recursos de este programa.
En este encuentro participaron además los secretarios de Seguridad Pública, Desarrollo Urbano y Planeación; Raúl Pinedo Dávila, José Fernando Morán Rodríguez y Francisco Manuel Osorio Cruz, respectivamente; el Procurador General de Justicia del Estado, Marcos Santana Montes; el director general de la Defensoría Pública del Estado, Lucio Álvarez Iglesias y el diputado local, Martín Flores Castañeda, entre otros funcionarios públicos.