El presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri), Héctor Gutiérrez, destacó el hecho de que tras dos años de negociaciones, hoy se haya concretado la nueva legislación con el voto de 20 diputados del PRI, 17 del PAN, dos de Nueva Alianza, uno del PT y uno del PVEM.
Para el también coordinador de la fracción del PRI, se fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas en la administración pública, luego del esfuerzo de ciudadanos, académicos y legisladores en la elaboración de esta Ley Estatal de Fiscalización.
Con este ordenamiento, destacó, el titular del órgano auditor podrá solicitar acción penal cuando detecte alguna irregularidad y el Poder Legislativo tendrá hasta 15 días para resolver la petición.
En caso de no hacerlo, se aplicará la figura de “Afirmativa Ficta” para que el órgano fiscalizar proceda.
Las comisiones dictaminadoras tendrán que desahogar los expedientes en un límite de dos periodos ordinarios de sesiones posteriores al informe definitivo que emita la ASE.
Asimismo, se fortalece la función fiscalizadora de la sociedad civil, por lo que considera la participación de “contralorías sociales” que harán sus propias aportaciones en las auditorías.
En la nueva ley se estableció que cuando los servidores públicos no atiendan los requerimientos del órgano de fiscalización se harían acreedores a multas de hasta dos mil cuotas, equivalentes a 116,260 pesos.
Los informes definitivos de la ASE deberán ser publicados en Internet para que estén a disposición de los ciudadanos, una vez que sean remitidos al Congreso local.
De igual forma, la Auditoría Superior del Estado estará facultada para fincar acciones resarcitorias a quienes se les compruebe alguna irregularidad.
“Acabamos de aprobar una Ley de Fiscalización de avanzada, que va contra todo indicio de corrupción e impunidad en el uso de los recursos públicos, lo que se verá reflejado en el ejercicio de gobierno”, destacó Gutiérrez de la Garza.