La Comisión de Competencia Económica de la ICC México coincide con el propósito de apoyar la economía de las personas con menores recursos económicos en el país. Sin embargo, el apoyo debe realizarse en términos que no infrinjan la LFCE.
Por otro lado, tanto el gobierno como las empresas deben conocer los riesgos e implicaciones de reunirse para discutir los problemas relacionados con el alza de precios, aun cuando exista la loable intención de encontrar soluciones que sean en beneficio de la población.
El artículo 9 de la LFCE señala que, para poder fijar precios oficiales o precios máximos de un producto, la Comisión Federal de Competencia Económica debe hacer una declaración previa de que en el mercado de que se trate, no existe competencia efectiva o hay una distorsión en el mercado que lo impide.
Hasta entonces, la Secretaría de Economía o el Presidente de la República, pueden convocar a las empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras de los productos para informarles que debido a determinada falla de mercado, temporalmente se fijará el precio máximo tomando en cuenta sus costos y márgenes de ganancia razonables En caso de omitir este paso, las empresas manipularían el precio y violarían el artículo 53 de la LFCE, que es una de las faltas más graves que se sanciona con hasta el 10% de los ingresos de las empresas, independientemente de responsabilidades de carácter penal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado que la práctica no se configura porque su monto haya sido a la baja o al alza, sino por la existencia de acuerdos adoptados. De ahí que si empresas competidoras se reúnen -a petición del gobierno- a discutir no aumentar precios a determinado nivel, estarían en riesgo de violar la LFCE y cometer un delito federal.
Por estos motivos, la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce México realiza un llamado urgente para que la Comisión Federal de Competencia Económica y el Gobierno Federal, diseñen mecanismos de diálogo en relación con el aumento de precios con el sector privado, que eviten violaciones a la ley.
